Un atentado contra una unidad de transporte público volvió a evidenciar la violencia ligada a la extorsión en el distrito de San Martín de Porres. Una cúster de la empresa HRG Express fue baleada mientras realizaba su recorrido habitual con pasajeros a bordo, generando momentos de pánico entre los ocupantes.
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El hecho ocurrió cerca de las 11 de la noche, cuando el vehículo circulaba por la intersección de las avenidas Dominicos y Canta Callao. A esa hora, la unidad se encontraba llena de personas que regresaban a sus viviendas tras culminar su jornada laboral.
De acuerdo con la información recabada, dos sujetos armados que se desplazaban en una motocicleta interceptaron de manera violenta al chofer, cerrándole el paso en plena vía para obligarlo a detener la marcha.
Segundos después, los atacantes abrieron fuego contra la parte frontal del vehículo. Los disparos impactaron en el parabrisas, aunque el conductor logró realizar una maniobra rápida que evitó que los proyectiles lo alcanzaran.
Extorsión y amenazas contra transportistas
Como consecuencia del ataque, uno de los pasajeros resultó herido en el rostro debido a las esquirlas de vidrio desprendidas por los impactos de bala. Pese a las lesiones, el afectado decidió retirarse del lugar por sus propios medios tras el violento episodio.
Se conoció que la empresa HRG Express es víctima de extorsión por parte de dos bandas criminales que operan en la zona. Estas organizaciones exigen a los conductores el pago diario de cupos que van desde los 15 hasta los 20 soles por cada unidad, modalidad que ya habría provocado al menos cinco atentados similares en lo que va del año.
Para ejercer presión, los delincuentes envían mensajes intimidantes acompañados de videos donde exhiben armas de fuego y explosivos. Además, establecen plazos para realizar depósitos a distintos números telefónicos, bajo amenazas contra la vida de los transportistas.
Ante este escenario, varios choferes han optado por abandonar el trabajo por temor a nuevos ataques. Pese a la gravedad de los hechos, los afectados no han presentado denuncias formales, señalando falta de apoyo en las dependencias policiales, una situación que también afecta a otras empresas de transporte informal en el sector.
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