La inseguridad ciudadana ya superó todos los límites. La fiscal provincial titular, Margarita Haro Pinto, denunció que es amenazada por la banda delincuencial ‘Los Pepes de San Juan de Lurigancho’, la cual es liderada por un peligroso delincuente apodado ‘El Colocho’.
“Denuncio públicamente que estoy siendo víctima de extorsión, por mi condición de fiscal penal. Tengo a mi cargo una investigación preparatoria compleja, por los delitos de extorsión agravada, tenencia ilegal de armas, tenencia ilegal de municiones, tenencia ilegal de explosivos y banda criminal”, señaló en un video.
Señaló que el 17 de octubre recibió en su celular un mensaje extorsivo. “Dicha persona (‘El Colocho’) amenaza atentar contra mi integridad si yo no me retiro del caso ‘Los Chukys’, que he seguido contra Patricio Urbano Lara (‘Patricio’); Einar Lara Quiñones, Francisco Lara Narváez, Giovanna Lara Quiñones, Sabrina Álvarez Ríos y Vita Lara Narváez”.
El exministro del Interior, Rubén Vargas, condenó la situación, y aseguró que la criminalidad ya sobrepasó al Poder Ejecutivo, y arremetió contra José Jerí.
“Asesinan jueces, extorsionan fiscales, policías integrando estructuras criminales, abogados de la mafia en puestos estratégicos del gobierno. Políticos corruptos, leyes procrimen. Cocaína, oro ilegal con precios récord y con candidatos para las elecciones. Crimen transnacional controlando toda la franja costera y nuestras fronteras. Gobierno en modo ‘Plan Huevearte’. Ah, pero los violentistas son los que exigen seguridad desde las calles”, escribió en su cuenta de X (Twitter).
Por su parte, el abogado César Nakazaki consideró que es necesario que el gobierno adopte mano dura contra los criminales.
“El Estado es más poderoso que cualquier organización o banda criminal. Un Estado de derecho no debe permitir que un juez o fiscal pueda ser amenazado por delincuentes”, tuiteó.
La semana pasada dejaron bombas en la puerta del penal Castro Castro para amenazar a dos juezas. “Si no actúan aténgase a las consecuencias”, decían en una carta.
También en La Libertad una mafia asesinó al juez de Paz de Chicama, Víctor Hugo López de la Cruz, por no ceder a pedidos de traficantes de tierras.
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