La empresa de transporte San Sebastián, conocida como la línea ‘La 50’, decidió apagar motores y suspender su servicio de manera indefinida. La medida, anunciada en un comunicado el 27 de septiembre, refleja la grave crisis de inseguridad que golpea a los transportistas de San Juan de Lurigancho y distritos vecinos.
“Suspendemos nuestro servicio hasta nuevo aviso, no tenemos garantías para el desarrollo de nuestras actividades. La 50 no puede poner en riesgo la vida de nuestros conductores y de nuestros usuarios”, señaló la gerencia en su pronunciamiento.
El impacto fue inmediato. En el paradero inicial de la ruta, más de 80 buses quedaron estacionados sin brindar servicio. Miles de pasajeros que dependen a diario de esta línea para llegar a Puente Nuevo, Montenegro, Próceres de la Independencia y hasta el Callao quedaron desamparados.
La suspensión no es aislada. Otra de las principales rutas del distrito, la empresa Huáscar, también decidió retirar gran parte de su flota. Ambas compañías coincidieron en que ya no existen garantías para circular en un territorio controlado por el miedo y la extorsión.
El anuncio de La 50 se produjo después de una cadena de atentados contra choferes y cobradores de distintas líneas. Las víctimas más recientes fueron trabajadores de las empresas Las Flores (57), Roma y Santa Catalina, quienes terminaron heridos de bala en plena jornada laboral.
El caso más alarmante ocurrió el último miércoles, cuando un bus de la línea 23 de la empresa Santa Catalina fue atacado a balazos en un grifo de la avenida Circunvalación. Dos sujetos armados dispararon contra el conductor mientras abastecía combustible. El chofer terminó con una pierna herida y un rozón en el abdomen.
Este atentado constituyó el quinto contra Santa Catalina en lo que va del año. Según la Policía, detrás de estos ataques estarían organizaciones criminales dedicadas al cobro de cupos.
Los números respaldan la alerta. Entre enero y julio de 2025, las denuncias por extorsión en Lima Metropolitana aumentaron un 54,5 %, siendo San Juan de Lurigancho uno de los distritos con mayor incidencia, de acuerdo con el SIDPOL.
La paralización de La 50 y Huáscar ha generado un caos en el transporte público. Los usuarios, que antes esperaban apenas cuatro minutos por una unidad, ahora deben esperar más de diez o recurrir al corredor complementario, que no logra cubrir la alta demanda en el distrito más poblado de Lima.
El temor se ha instalado entre los choferes. Varios de ellos, entrevistados fuera de cámaras, confesaron que ya no se sienten seguros al salir a trabajar. “Las amenazas se han intensificado, no sabemos si volveremos vivos a casa”, dijo uno de ellos.
Las víctimas mortales y los heridos de bala han encendido la alarma. La Policía atribuye los ataques a la banda criminal ‘Los Injertos de San Juan de Lurigancho’, un grupo dedicado a la extorsión de transportistas que, pese a las denuncias, sigue operando con brutal impunidad.
Ante esta situación, un grupo de conductores y cobradores marchó hacia el Congreso para exigir medidas concretas de seguridad. Sin embargo, denunciaron que hasta ahora no reciben una respuesta efectiva del Estado.
“Estamos acorralados, no tenemos protección”, reclamaron los transportistas, que sienten que el negocio del transporte urbano se ha convertido en una ruleta rusa en San Juan de Lurigancho.
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