Policias Secuestradores
Policias Secuestradores

No fue una banda común ni delincuentes al margen del Estado. Esta vez, los responsables vestían uniforme policial y estaban en plena actividad. Un presunto secuestro y extorsión sacudió a la Policía Nacional del Perú tras la detención de seis agentes que habrían simulado una intervención ilegal contra un empresario en el distrito de Lurín.

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El caso quedó al descubierto a través de un reportaje difundido por Cuarto Poder, que mostró imágenes de cámaras de seguridad donde se observa cómo los efectivos interceptaron un vehículo de alta gama en un grifo de la Panamericana Sur y obligaron a descender a sus ocupantes bajo amenaza de armas de fuego.

El presunto cabecilla era el jefe de la Depincri de San Martín de Porres. (Foto: captura: Cuarto Poder)
El presunto cabecilla era el jefe de la Depincri de San Martín de Porres. (Foto: captura: Cuarto Poder)

Las víctimas fueron identificadas como el empresario David Campos Urrutia y su acompañante Junior Chávez. Ambos fueron abordados por los agentes, quienes se presentaron falsamente como efectivos de la Dirandro y les aseguraron que eran investigados por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Según la Fiscalía Anticorrupción, aquella intervención nunca existió. Se trató de un montaje destinado a someter a las víctimas a una intensa presión psicológica con el objetivo de exigirles dinero a cambio de su liberación.

EL MONTAJE QUEDÓ GRABADO

Las cámaras de seguridad fueron determinantes para reconstruir los hechos. La noche del jueves 20 de noviembre, a las 11:14 p.m., un Porsche 911 conducido por David Campos Urrutia llegó al grifo Kío, en el kilómetro 25 de la Panamericana Sur. Minutos después, Junior Chávez descendió del vehículo para retirar dinero de un cajero automático.

En ese instante, un sujeto vestido de negro pasó junto al automóvil observándolo con detenimiento. Según la investigación fiscal, se trataba del alférez Mauricio Kogatsu, quien realizaba un mapeo previo de la víctima antes de ejecutar la intervención simulada.

A las 11:20 p.m., una camioneta blanca cerró el paso al Porsche, mientras otro vehículo bloqueaba la salida por la parte posterior. Sin identificarse formalmente ni mostrar orden judicial o fiscal, los agentes descendieron y encañonaron a los ocupantes.

Junior Chávez relató que fue sujetado del cuello mientras era obligado a bajar del vehículo. David Campos Urrutia confirmó que uno de los policías le apuntó con su arma y le dijo que pertenecía a la Dirandro, dependencia a la que, según la Fiscalía, ninguno de los implicados pertenecía.

PRESIÓN, DINERO Y PRISIÓN PREVENTIVA

El empresario fue trasladado a la sede de la Depincri de San Martín de Porres. Allí, de acuerdo con las imágenes y testimonios recogidos, los policías intentaron fabricar pruebas, incluso fotografiarlos con chalecos de detenidos y un paquete de marihuana.

Uno de los suboficiales implicados, Marcelo Benavides Masgo, llegó incluso a grabarse conduciendo el Porsche, tomándose fotos y videos mientras manejaba el vehículo valorizado en más de 200 mil dólares. El verdadero dueño era trasladado esposado en otro auto.

Policías simulaban operativos para extorsionar a empresarios. Foto: Cuarto poder
Policías simulaban operativos para extorsionar a empresarios. Foto: Cuarto poder

Horas después, David Campos logró comunicarse con su hermano Porfirio, quien acudió a la dependencia policial. Según la Fiscalía, fue en ese momento cuando se negoció el pago del soborno. El monto exigido superó los 3,000 soles.

La investigación señala como presunto cabecilla al entonces jefe de la Depincri San Martín de Porres, el coronel Mervin Sánchez Matto, quien habría recibido directamente el dinero entregado por los familiares del empresario.

Tras un operativo conjunto entre la Fiscalía Anticorrupción y la propia Policía, seis oficiales y suboficiales fueron detenidos el pasado 12 de enero. Todos afrontan 18 meses de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones por secuestro, extorsión, concusión, falsificación de documentos y abuso de autoridad.

La Fiscalía sostiene que los implicados no combatieron el crimen, sino que utilizaron el uniforme y las armas del Estado para lucrar con el miedo, en un caso que ha generado indignación y ha vuelto a poner bajo la lupa a la institución policial.

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