El miedo ya no solo se sube al bus. Va sentado al lado del chofer. En Lima Norte, donde las balas han interrumpido rutas y la extorsión marca los paraderos, la Policía Nacional anunció una medida desesperada pero necesaria: acompañar a los buses con patrullaje motorizado y presencia policial durante todo el recorrido.
Así lo confirmó el mayor Vicente Romero, jefe de la Unidad de Emergencia Los Halcones, quien detalló que dos agentes motorizados custodiarán las unidades desde su salida hasta el final del servicio. No se trata solo de una presencia simbólica: también subirán a los vehículos para realizar controles y orientar a los pasajeros.
“Vamos a estar con ustedes. No los vamos a abandonar”, aseguró Romero a los trabajadores del transporte.
“En la conversación que he tenido con el gerente general de la empresa Aquarius, me expresó que están muy contentos y satisfechos con el servicio que la Policía Nacional del Perú está brindando”, añadió.
La medida fue adoptada tras el reciente asesinato de Carlos Advíncula Nieto, conductor de la línea J de la empresa El Rápido, acribillado por un sicario que subió como pasajero en Los Olivos. Tras su crimen, la empresa suspendió todas sus operaciones, dejando en pausa al menos ocho rutas que iban desde San Martín de Porres hasta Huachipa.
No es un caso aislado. Según el Ministerio del Interior, otras empresas como Etuchisa, Aquarius Express y Huáscar también han sido incluidas en el plan de patrullaje por ser blanco constante de mafias extorsivas.
“Las amenazas son diarias. Ya han matado a dos de nuestros choferes. No podemos seguir trabajando así”, comentó un transportista, al margen de la medida.
La extorsión ha paralizado rutas y sembrado el miedo en el transporte urbano. La empresa El Rápido ya había sufrido seis atentados previos. El 22 de noviembre de 2024, uno de sus conductores fue asesinado en San Juan de Miraflores. El 7 de abril de este año, otro bus fue baleado en San Martín de Porres.
Los extorsionadores exigen pagos mensuales de entre 40 mil y 50 mil soles, según denunció Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT). Y lo más preocupante: una nueva banda criminal estaría detrás del último crimen.
“Es una organización distinta a las que ya conocíamos. La situación es crítica”, afirmó Ojeda, quien también alertó que entre el 80 y 90 % de empresas de transporte urbano en Lima son víctimas de extorsión.
Para los choferes, el patrullaje es un paso, pero no suficiente. Algunos temen que, al cesar la vigilancia, regresen las amenazas. Otros desconfían de que la protección sea constante o llegue a todas las rutas.
Desde la Policía, sin embargo, insisten en que el plan es serio y que se mantendrá activo mientras el riesgo siga latente. Controles de identidad, vigilancia permanente y comunicación directa con las empresas serán parte del esquema.
Aunque el Ministerio del Interior promueve la “Cultura de la Denuncia”, el silencio domina entre los transportistas. La amenaza no es abstracta: es real, directa, y muchas veces letal.
Mientras los sicarios sigan a sueldo y los extorsionadores cobren cupo con sangre, los buses seguirán circulando con un pasajero más: el miedo.
Y aunque hoy viajen con policía a bordo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿Quién los protegerá mañana?
Contenido GEC