Alerta en la PNP. El congresista Alfredo Azurín Loayza, policía en retiro y hoy parlamentario, quedó impactado tras una inspección sorpresa a la comisaría de Apolo y al Escuadrón Verde. Lo que encontró fue indignante: chalecos antibalas vencidos, con entre 15 y 20 años de uso, varios incluso rotos y sin capacidad de protección.
“Un chaleco vencido no detiene una bala. Un chaleco roto es una sentencia de muerte”, escribió en sus redes sociales, evidenciando la precariedad en la que miles de policías patrullan las calles del país. Para Azurín, lo hallado es más que un descuido: es una negligencia que pone en riesgo la vida de quienes enfrentan al crimen a diario.
El parlamentario exigió al Ministerio del Interior acelerar con urgencia la compra de chalecos nuevos y certificados. “Es inaceptable que el Estado ponga en peligro a quienes todos los días ponen el pecho por nuestra seguridad”, añadió, recordando que proteger a los policías es una obligación moral y legal.
Su denuncia encendió rápidamente la indignación ciudadana. En redes sociales, decenas de usuarios criticaron la falta de mantenimiento del equipamiento policial y se solidarizaron con los agentes que, pese al peligro, siguen trabajando en primera línea.
Esto hizo recordar el que caso del suboficial de primera PNP José Gabriel Munive Gurmendi, quien hace unas semanas cayó acribillado por delincuentes durante un feroz tiroteo en La Victoria y llevaba puesto un chaleco antibalas que él mismo se compró.
El general en retiro José Baella estalló de rabia y no dudó en apuntar contra las prioridades del Gobierno. “No se pueden comprar vehículos de alta gama cuando faltan chalecos y armas. Los policías salen desprotegidos”, dijo en un noticiero, refiriéndose a la reciente compra de 168 vehículos de lujo por parte del Ministerio del Interior.
El propio ministro del Interior, Carlos Malaver, reconoció días antes que el Estado no cuenta con suficientes chalecos para cubrir la demanda nacional. El último proceso de adquisición de más de tres mil unidades quedó anulado por irregularidades en la documentación presentada por proveedores.
Malaver adelantó que llegarán cuatro mil chalecos donados desde China, aunque reconoció que la cifra está lejos de cubrir la necesidad real. “Es la realidad que hemos heredado”, señaló, admitiendo además que muchos policías deben comprar chalecos de su propio bolsillo, lo que agrava la precariedad en unidades de alto riesgo.
La incertidumbre aumenta porque no hay fechas concretas para un nuevo proceso de compra. El ministro solo mencionó que la Región Policial Lima estaría a cargo, pero evitó ofrecer plazos. Mientras tanto, miles de efectivos siguen en las calles con chalecos desgastados o caducos.
En paralelo, la Contraloría investiga la adquisición de vehículos para la Policía y la Oficina de Integridad del ministerio revisa otras compras irregulares. Malaver insistió en que los problemas actuales son herencia de gestiones pasadas, aunque reconoció que su administración enfrenta el reto de dar soluciones rápidas.
La denuncia de Azurín no solo expuso una carencia material, sino también la urgencia de repensar cómo el Estado respalda a quienes arriesgan su vida. Los policías salen cada día a las calles con coraje, pero sin la protección mínima que debería garantizarles su propio país.
Contenido GEC