La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas afinan una estrategia conjunta para enfrentar al crimen organizado con inteligencia, control territorial y vigilancia de puntos estratégicos. Así lo anunció el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, quien aseguró que el trabajo coordinado ya comenzó y que el objetivo es fortalecer la seguridad ciudadana, proteger a las empresas de transporte y concentrar mayores esfuerzos en la captura de organizaciones criminales.
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Durante una conferencia de prensa, el alto mando policial explicó que este despliegue no parte de cero. Detrás de la decisión, dijo, existe un trabajo previo entre ambas instituciones que ya ha dado resultados en investigaciones complejas y operativos de alto impacto.
PNP y Fuerzas Armadas coordinan estrategia conjunta para enfrentar al crimen organizado. (Foto: Captura / América Noticias)
Arriola sostuvo que el deber del Estado es responder frente a la delincuencia desde distintos frentes. “No es una promesa, es la obligación que tiene el Estado a través de la Policía Nacional de realizar toda esta actividad de inteligencia, de prevención, de seguridad y de investigación”, manifestó.
Como ejemplo, recordó los ataques sufridos por empresas de transporte interprovincial desde los primeros meses del año. Según detalló, las investigaciones permitieron seguir el rastro del dinero utilizado para las extorsiones, analizar los casquillos hallados en cada atentado y reconstruir el patrón de actuación de los delincuentes.
GOLPE A EXTORSIONADORES
El jefe policial reveló que esa labor permitió desarticular una organización criminal vinculada a los atentados contra buses de transporte interprovincial. Las diligencias incluyeron el seguimiento de cuentas bancarias donde se exigían los pagos extorsivos, el análisis balístico y el rastreo de los números telefónicos que los delincuentes dejaban en los mensajes dirigidos a las empresas.
Como resultado de esa investigación fueron detenidas 21 personas: 15 ciudadanos venezolanos y seis peruanos. Entre los capturados figura un presunto integrante del Tren de Aragua conocido con el alias de “Pure”, cuya posición dentro de esa organización aún es materia de verificación.
Arriola explicó que los ataques estaban dirigidos contra empresas como Siva, Cruz del Sur, Cruz del Norte, Emanuel y Zetabus. Según indicó, toda la evidencia reunida permitió vincular distintos hechos delictivos que habían sido cometidos con la misma arma de fuego y bajo un mismo esquema de extorsión.
El comandante general también destacó el aporte tecnológico de las Fuerzas Armadas en recientes operativos. Precisó que el uso de drones térmicos facilitó las intervenciones que terminaron con la captura de los responsables del robo de oro en el circuito de playas y del asalto a una empresa de venta de armas en Surco.
(Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
ZONAS CRÍTICAS
Respecto al papel que asumirán los militares en esta nueva etapa, Arriola explicó que el planeamiento operativo todavía se encuentra en evaluación. Sin embargo, adelantó que se analizan modalidades como el control territorial en lugares estratégicos, la vigilancia de patios de maniobra y corredores de transporte para permitir que los policías puedan dedicarse a otras labores especializadas.
“Lo que permitiría o va a permitir que el personal policial que está en los patios de maniobras sean los que suban a los buses o sean los que realicen otra tarea más dentro de todo este cóctel de seguridad que se va a brindar”, señaló.
El alto oficial informó que los ministerios del Interior y de Defensa ya sostuvieron tres reuniones de coordinación y que los altos mandos de ambas instituciones también trabajan en el diseño del despliegue. Aunque evitó precisar el número de militares que participarán, indicó que será “un número considerable y además necesario”.
Como parte de las nuevas acciones, mencionó recientes operativos ejecutados en Puente Piedra y La Victoria para recuperar espacios públicos considerados críticos. Según explicó, estas intervenciones buscan restablecer el orden en zonas donde la presencia de la delincuencia había afectado el tránsito y la seguridad de los ciudadanos.
Finalmente, Arriola insistió en la necesidad de que el Congreso otorgue facultades legislativas al Poder Ejecutivo para fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Consideró indispensable agilizar decisiones relacionadas con prisiones preventivas, detenciones preliminares y allanamientos para evitar que las investigaciones se prolonguen mientras los delincuentes continúan operando. “Necesitamos normas potentes”, afirmó.
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