La falta de pruebas contundentes y la ausencia de un representante del Ministerio Público durante el operativo fueron las razones por las que 16 extranjeros, detenidos en un edificio de Ate, recuperaron su libertad en menos de 48 horas. Así lo confirmó la fiscal Jessica Gomero Palomino, titular de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Santa Anita.
El miércoles 23 de abril, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron un inmueble de seis pisos, ubicado en este distrito, donde detuvieron a 21 ciudadanos venezolanos. La policía informó que en el lugar hallaron un revólver, municiones de armas de fuego, marihuana y tres mototaxis presuntamente utilizadas para la microcomercialización de droga.
La operación respondió a múltiples denuncias vecinales sobre consumo de alcohol y drogas en plena vía pública, actos que mantenían en zozobra a los residentes de la zona.
Sin embargo, dos días después, el Ministerio Público decidió liberar a 16 de los 21 detenidos. Según la fiscal Gomero, el operativo se realizó sin participación fiscal y, además, el hallazgo de un arma y municiones en un baño de uso común no bastaba para justificar una detención preventiva.
“En todo operativo debe participar el Ministerio Público para garantizar el acopio de pruebas y evitar cuestionamientos posteriores. Es necesario para asegurar la legalidad de la intervención y de las detenciones”, explicó la fiscal.
Gomero también señaló que hubo una serie de inconsistencias en el reporte de la intervención. Inicialmente, la Policía le informó que había seis detenidos, luego la cifra aumentó a 22, para finalmente establecerse en 16 personas intervenidas.
“Encontrar un revólver, una cacerina y tres municiones en un baño común, donde también había niños y mujeres, no permite individualizar responsabilidades”, añadió.
La liberación fue duramente criticada por el coronel Henry Chingay, quien lamentó que el trabajo de inteligencia y operativo de la PNP se viera afectado por decisiones fiscales que, en su opinión, debilitan la lucha contra el crimen organizado.
“El día de hoy, a las cinco de la mañana, salieron en libertad esos 16 venezolanos. Una hora después, ocurrió un atentado contra un vehículo del Corredor Rojo”, indicó Chingay, aunque aclaró que no establece una conexión directa entre ambos hechos, pero “no se descarta nada”.
El coronel manifestó su indignación: “Un arma de fuego y droga decomisada, ¿no son suficientes para abrir una investigación de quince días? Parece que necesitaríamos ver un homicidio en flagrancia para poder actuar”.
Chingay también reveló que parte de la resolución fiscal ordenaba la devolución de los bienes incautados a los intervenidos, una situación que calificó como alarmante.
La intervención en Ate permitió el decomiso de 180 envoltorios de droga, mototaxis que presuntamente servían para distribuir narcóticos y trasladar a víctimas de explotación sexual, además de armas y municiones de uso militar. A pesar de estos hallazgos, la Fiscalía consideró que no había elementos suficientes para prolongar la detención preliminar.
Actualmente, cinco extranjeros continúan detenidos y son objeto de investigación. Mientras tanto, este caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer la coordinación entre la Policía Nacional y el Ministerio Público en la lucha contra el crimen organizado.
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