Pedro Castillo, recluido en el penal de Barbadillo mientras enfrenta un proceso por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, recibió un inesperado respaldo judicial. El Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima ordenó al Congreso de la República otorgarle la pensión vitalicia que el Parlamento había rechazado en 2024.
La resolución, emitida el pasado 10 de septiembre por el juez Alexis Anicama Budiel, concluyó que el Legislativo vulneró el derecho a la igualdad al tratar de manera desigual casos similares. Castillo había planteado una demanda de amparo tras considerar que se le negó arbitrariamente el beneficio reconocido en la Ley N.° 26519.
El Congreso había invocado esa misma norma para rechazar la pensión, señalando que el beneficio quedaba en suspenso en caso de acusación constitucional contra un expresidente. En febrero de 2023, el Parlamento aprobó una acusación contra Castillo por presuntos delitos de organización criminal, corrupción y tráfico de influencias.
Lo llamativo del caso es que el Poder Judicial comparó la situación de Pedro Castillo con la del exdictador Alberto Fujimori. En el expediente judicial se muestra incluso una boleta de pago emitida a favor de Fujimori en julio de 2024, pese a que también fue acusado constitucionalmente y además condenado por delitos de lesa humanidad y corrupción.
El juez advirtió un “evidente resultado desigual” entre ambas solicitudes. Mientras a Castillo se le negó la pensión, a Fujimori se le otorgó el beneficio bajo el argumento de que el artículo 2 de la Ley 26519 atentaba contra su derecho a la presunción de inocencia. La contradicción fue determinante para que el juzgado falle a favor del exmandatario vacado.
En consecuencia, se anuló la resolución parlamentaria y se ordenó al Congreso emitir un nuevo pronunciamiento que reconozca el derecho de Castillo. Además, se dispuso que el beneficio económico se pague de manera retroactiva desde diciembre de 2022 y que el Legislativo asuma los costos procesales del proceso.
El Congreso, sin embargo, ya apeló la decisión judicial el 30 de septiembre. Será una instancia superior la que defina finalmente si Pedro Castillo accede o no a la pensión que equivale al sueldo de un congresista en actividad.
Mientras tanto, el exmandatario sigue enfrentando la acusación fiscal que pide 34 años de cárcel por el intento de golpe de Estado. El nuevo fallo reaviva el debate sobre los privilegios de los expresidentes en el Perú, incluso cuando enfrentan graves procesos judiciales.
La controversia apenas comienza: ¿deberá el Congreso acatar el mandato del Poder Judicial o insistirá en que Castillo no merece la pensión vitalicia?
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