Una nueva revelación estremece el caso de los 13 trabajadores asesinados en un socavón de la provincia de Pataz, en La Libertad. Este mediodía, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de la región, Luis Guillermo Bringas, informó que dos policías en actividad serían los verdaderos dueños de la empresa de seguridad R&R, compañía que brindaba custodia a los mineros masacrados.
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“Según la información con la que contamos, es que la empresa R&R se encargaba de la seguridad de mineros artesanales que a su vez tienen contrato con La Poderosa. Esa empresa estaría dirigida por dos policías actualmente en actividad”, declaró el fiscal en conferencia de prensa.
La situación ha encendido las alarmas, no solo por la masacre que ha conmocionado al país, sino porque pone en evidencia una posible red de intereses ilegales. Según Bringas, este sería un caso delicado que debe ser investigado a fondo. “Hay agentes policiales en actividad metidos en actividades mineras en Pataz”, advirtió.
La empresa R&R, subcontratada por otra firma llamada Libman, fue la que empleaba a los 13 hombres asesinados, cuyos cuerpos fueron hallados el pasado fin de semana en una zona minera bajo control de grupos armados.
Investigación apunta a enfrentamientos entre minería formal, ilegal y artesanal en zona convulsionada. (Foto: Andina)
¿ENCUBRIMIENTO O NEGLIGENCIA?
Bringas también lanzó una crítica directa contra la Policía Nacional por no haber solicitado oportunamente la detención de Miguel Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’, señalado como autor intelectual de la masacre y líder de la organización criminal La Nueva Alianza.
“Si ya estaba identificado como cabecilla de esta organización, ¿por qué no hicieron un informe para pedir su detención? Jamás se nos comunicó desde la Policía que esta persona estaba plenamente identificada”, cuestionó el fiscal, dejando entrever una posible negligencia o encubrimiento.
'Cuchillo'
Por otro lado, el Ministerio Público confirmó que los mineros no fueron secuestrados, como se dijo inicialmente. La necropsia practicada a los cuerpos determinó que las víctimas murieron ocho días antes del hallazgo, descartando la versión que hablaba de un pedido de rescate de 4 millones de dólares.
“El supuesto secuestro pudo haber sido una estrategia para ganar tiempo o desviar la atención”, señaló Bringas, aunque aclaró que ese extremo aún está en investigación.
Hasta el momento, Medicina Legal ha logrado identificar a cinco de las trece víctimas y sus cuerpos ya han sido entregados a sus familiares. Las necropsias continúan, y se espera que todas concluyan en las próximas horas. Estos exámenes no solo permitirán precisar la data de muerte, sino también aportarán elementos clave para la investigación penal.
“El Ministerio Público va a hacer todos los esfuerzos para esclarecer este crimen que ha conmocionado al país”, aseguró el fiscal.
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