La investigación por la muerte del niño de 8 años que recibió un disparo durante una intervención policial en Huacho dio un nuevo giro. La Fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva para el suboficial PNP Luis Nazario Chumbes, a quien atribuye una actuación presuntamente desproporcionada al utilizar su arma de reglamento. Al mismo tiempo, la madre del menor insiste en que no dejará de exigir justicia por la muerte de su hijo.
El pedido fue presentado por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura (Segundo Despacho), que investiga al efectivo por el presunto delito de homicidio culposo. Según las indagaciones dirigidas por el fiscal adjunto Fernando Ayala Borja, el disparo que terminó con la vida del menor se produjo durante una intervención policial en la avenida Mercedes Indacochea, en Huacho.
De acuerdo con la tesis fiscal, el agente del Escuadrón de Emergencia habría accionado su arma sin que existiera una situación de riesgo real ni una advertencia previa que justificara el uso de la fuerza letal. Ese aspecto forma parte de las diligencias que buscan establecer si la actuación policial se ajustó a los protocolos vigentes.
El menor había regresado junto a su madre de una feria local cuando la mototaxi en la que viajaban sufrió un accidente. Tras ese hecho llegaron policías y personal de serenazgo para realizar las diligencias correspondientes, entre ellas el dosaje etílico a los involucrados.
Durante la intervención se produjo un intercambio verbal entre algunos de los presentes y los agentes. Fue en ese contexto cuando el suboficial investigado hizo uso de su arma de fuego. La forma en que el proyectil alcanzó al niño continúa siendo uno de los principales puntos que intenta esclarecer el Ministerio Público.
Las imágenes registradas por testigos y difundidas posteriormente muestran parte de la intervención, aunque no permiten determinar con precisión cómo ocurrió el disparo. Mientras algunas versiones sostienen que el impacto fue directo, otra hipótesis señala que la bala habría rebotado antes de alcanzar al menor. Hasta el momento, ninguna de esas posibilidades ha sido confirmada oficialmente.
Por ello, la Fiscalía ordenó incautar el arma utilizada por el efectivo, practicar una pericia balística y realizar la prueba de absorción atómica. Además, dispuso recoger las declaraciones de todos los policías que participaron en el operativo y analizar las grabaciones de cámaras de seguridad y los videos captados por ciudadanos.
También se coordinó con el Instituto de Medicina Legal para la necropsia del menor. El informe permitirá establecer la trayectoria del proyectil, la causa exacta de la muerte y otros elementos técnicos que serán incorporados a la investigación.
Tras recibir el disparo, el niño fue llevado al Hospital Regional de Huacho y luego derivado a un hospital especializado en Lima. Sin embargo, falleció debido a la gravedad de la lesión que sufrió en la cabeza.
Mientras los restos del pequeño son velados por sus familiares antes de ser trasladados a Huacho para su sepelio, su madre cuestionó la actuación del suboficial investigado y sostuvo que no existía motivo para que sacara su arma durante la intervención.
“Fue innecesario sacar su arma. Nosotros no éramos una banda criminal, no teníamos armas, éramos mujeres. No teníamos armas como para que nos vean como si nosotros fuéramos peligro o estamos fuego a fuego enfrentándonos”, declaró a la prensa.
La mujer también aseguró que ningún representante de la Policía se comunicó con ella para conocer el estado de salud de su hijo tras el disparo. Además, denunció que comenzó a recibir llamadas intimidatorias después de la muerte del menor y afirmó que no dejará de exigir justicia.
“Que se haga justicia y que digan la verdad. Yo no voy a parar hasta que se haga justicia a mi caso de mi niño”, expresó.
Por su parte, la Policía Nacional informó que mantiene las investigaciones internas y que colaborará con el Ministerio Público para esclarecer los hechos. En paralelo, la Defensoría de la Policía señaló que este caso continuará siendo visto por la justicia ordinaria y consideró que, de acuerdo con las circunstancias conocidas hasta el momento, el uso del arma de fuego no habría sido necesario durante la intervención.
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