La polémica por las fotopapeletas en Magdalena del Mar sumó un nuevo capítulo. En medio de reclamos de vecinos y una disputa abierta con la Municipalidad Metropolitana de Lima, el municipio distrital decidió retirar todas las cámaras de control de velocidad que habían sido instaladas en su jurisdicción.
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El anuncio lo hizo el propio alcalde Francis Allison, quien aseguró que la medida responde a presuntas irregularidades detectadas en la emisión de sanciones de tránsito.
“Hoy retiramos todas las cámaras de control de velocidad que se habían instalado en Magdalena, ello se debe a que la empresa Consorcio Setramag (encargada de instalarlas y operarlas) y la municipalidad de Lima impusieron sanciones ilegales y abusivas, con el único fin de enriquecerse. Exigimos al municipio de Lima que anule las multas impuestas. No se puede pedir orden si no se actúa con rectitud”, señaló el burgomaestre en sus redes sociales y las del distrito.
El conflicto estalló luego de que conductores denunciaran la llegada tardía de notificaciones por supuestas infracciones de tránsito, principalmente por exceso de velocidad en vías del distrito, como la bajada de Marbella.
QUEJAS DE VECINOS Y MULTAS ACUMULADAS
Según los testimonios recogidos por el municipio, algunos conductores recibieron notificaciones con retrasos de hasta tres meses.
En varios casos, las personas recién en marzo recibieron avisos electrónicos por infracciones que habrían sido cometidas en noviembre del 2025. Esta demora, aseguran los afectados, les impidió presentar sus descargos dentro de los plazos establecidos.
La acumulación de papeletas también generó deudas considerables. Algunos vecinos señalaron que las multas superaban los 6 mil soles.
En redes sociales, varios conductores expresaron su malestar por lo ocurrido. Algunos indicaron que recibieron múltiples papeletas sin haber sido notificados a tiempo.
Otros aseguraron que las sanciones presentaban inconsistencias, como el uso del valor de la UIT correspondiente al 2026 para infracciones registradas en el 2025.
Vecinos y personas que circulan por el distrito han elevado su voz de reclamo ante este supuesto atropello. Foto: Andina
MUNICIPIOS SE RESPONSABILIZAN
La controversia también abrió un cruce de responsabilidades entre la Municipalidad de Magdalena del Mar y la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Desde el municipio distrital, el gerente municipal Enrique Sánchez afirmó que la comuna no tenía control sobre los equipos utilizados para medir la velocidad ni sobre la emisión de las sanciones.
“Nosotros no tenemos acceso a los cinemómetros que evalúan la velocidad. Las cámaras sirven para seguridad ciudadana, no para temas de tránsito”, sostuvo.
Sin embargo, desde la Municipalidad Metropolitana de Lima indicaron que el sistema de fiscalización se desarrolla en el marco de un convenio firmado el 12 de diciembre de 2024 con la gestión distrital.
De acuerdo con ese acuerdo, el distrito debía instalar cámaras y cinemómetros para recoger evidencias de infracciones, las cuales luego serían evaluadas y remitidas a la Gerencia de Movilidad Urbana de Lima para el trámite administrativo correspondiente.
La comuna distrital sostiene, no obstante, que Lima habría aplicado penalizaciones directamente sin que el distrito enviara dichas evidencias.
Un equipo que controla la velocidad de los vehículos se ha instalado en la avenida Javier Prado.
Ante esta situación, el municipio de Magdalena anunció que en la sesión de concejo del 12 de marzo se propondrá dejar sin efecto el convenio.
Además, envió un oficio al alcalde de Lima solicitando la suspensión de la fiscalización electrónica y la nulidad de las papeletas que consideren irregulares.
Mientras tanto, personal municipal viene orientando a los conductores para presentar descargos ante la Gerencia de Movilidad Urbana de Lima, a la espera de una respuesta oficial sobre la validez de las fotopapeletas emitidas.
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