
La estructura criminal encabezada por Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, logró desplazar más de un millón de soles fuera del país gracias al trabajo silencioso de mujeres que se convirtieron en piezas clave del brazo financiero de la organización, según reveló una investigación de Cuarto Poder basada en informes de la Policía Nacional y el Ministerio Público.
Las autoridades siguieron la ruta del dinero que salía de extorsiones a empresas de transporte en Lima Norte. El rastro mostró depósitos por cuotas de ingreso de hasta ochenta mil soles y pagos semanales que llegaban a los cinco mil. Cada voucher depositado bajo amenaza se convertía en una pista que llevaba al mismo centro: las cuentas manejadas por las operadoras del cabecilla.

El caso expuso una red de más de treinta y cinco cuentas destinadas a esconder el origen ilícito de los fondos. La maniobra consistía en recibir el dinero, moverlo de inmediato y repartirlo entre diferentes administradores para evitar la trazabilidad. Esta dinámica permitió que los fondos cruzaran hacia Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay.
En ese circuito, el nombre de Luciana Cruz Ruiz, cuñada de ‘El Monstruo’, apareció como eje financiero: sin empleo formal ni profesión registrada, movió más de setecientos setenta y nueve mil soles entre febrero de 2021 y mayo de 2024. Recibía depósitos menores a mil soles con una frecuencia inusual y los transfería el mismo día a otras cuentas vinculadas a personas investigadas por delitos graves.
“Sus transferencias no se limitaban únicamente al Perú. El dinero que Luciana movía cruzaba fronteras…”, según los documentos citados por Cuarto Poder.
LAS OPERADORAS DEL DINERO
El seguimiento de vouchers permitió identificar también a Claren Grace Bado como parte central del sistema. Ambas fueron capturadas y enviadas a prisión preventiva, señaladas como responsables de recibir y distribuir los fondos que mantenían operativo el aparato criminal de Lima Norte incluso cuando El Monstruo ya había salido del país.
Tras la caída de estas operadoras, la organización buscó reemplazo inmediato. Así apareció Lucero Castillo Tumes, quien habría asumido la función de canalizar los nuevos ingresos producto de extorsiones. La Fiscalía determinó que, entre octubre de 2023 y junio de 2025, ella manejó alrededor de doscientos cuarenta y cuatro mil soles, incluyendo una cuota inicial de diecisiete mil soles enviada por una empresa de transporte.
Los registros financieros muestran que cada cuenta implicaba a un operador y el rastro de una víctima. Los fondos ingresaban por extorsiones en Lima Norte, pasaban por las cuentas de las recaudadoras y finalmente se dirigían al extranjero, donde El Monstruo se habría mantenido durante su fuga.
La estructura siguió funcionando incluso cuando Moreno Hernández ya enfrentaba un proceso de extradición. Los operadores nacionales recolectaban el dinero mediante amenazas explícitas: advertencias de ataques con armas de fuego contra vehículos y trabajadores si no cumplían con los pagos.

INTERVENCIONES Y PRÓFUGOS
Las intervenciones policiales se ejecutaron de forma simultánea en Comas, Puente Piedra, Carabayllo, Villa El Salvador e incluso en penales como Cañete, Huaral y Chorrillos, donde algunos integrantes seguían moviendo fondos ilícitos. En total, treinta y una personas fueron identificadas como parte del esquema, vinculadas a veintitrés casos de extorsión y homicidio.
A pesar del golpe estructural, dos miembros de alto rango siguen sin ser ubicados: Jeffrey Hidalgo, alias Cachete, y Giancarlo Vázquez Bonilla, alias Belita o Velita. Ambos son considerados objetivos prioritarios de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó al fiscal César Changa, quien reveló haber sido víctima de amenazas de muerte durante el proceso. Según relató, los mensajes incluían seguimientos y advertencias contra su esposa gestante y otros familiares. Pese a ello, no cuenta con seguridad personal asignada.
Las autoridades señalan que, con la caída de las recaudadoras de El Monstruo y la incautación de las cuentas usadas para lavar activos, la organización quedó expuesta. Sin embargo, el proceso sigue en marcha y ningún operador identificado podrá quedar fuera del alcance judicial.
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