Las imágenes registradas por vecinos no dejaron espacio para la duda. En una casa de apariencia común, en una calle de la urbanización Balconcillo, en La Victoria, entraban y salían escolares con mochilas y uniformes. Lo que ocurría puertas adentro era parte de una estructura criminal dedicada a la explotación sexual de menores.
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La vivienda funcionaba como centro de operaciones de una red que ofrecía adolescentes a clientes con alto poder adquisitivo. Los servicios se promocionaban mediante catálogos con fotografías de las víctimas y se concretaban incluso bajo modalidad de delivery, según la investigación policial.
Desbaratan red de explotación sexual de menores. Foto: Día D
Detrás de esta organización estaba Lidia Graciela Pérez, de 44 años, conocida como ‘Mami’, quien utilizaba su hogar —donde vivía con sus hijas— como fachada para encubrir el negocio ilícito. Las menores que habitaban el inmueble convivían con la actividad criminal.
El esquema estaba definido. Las adolescentes eran captadas y trasladadas desde Huaycán hasta este nuevo punto en La Victoria. Allí, eran ofrecidas a clientes que, según las indagaciones, exigían que acudieran vestidas con uniforme escolar. El precio por cada encuentro podía alcanzar los 400 soles.
EL CATÁLOGO DEL HORROR
Las pesquisas revelaron que la organización no solo captaba víctimas, sino que también controlaba cada detalle de la explotación. Desde la selección de fotografías hasta la presentación de las menores, todo formaba parte de un sistema diseñado para atraer a clientes específicos.
Según la investigación, Lidia Pérez elegía las imágenes y coordinaba los encuentros, mientras su entorno más cercano participaba en la logística. Freddy Gherald Cuentas Vásquez, alias ‘Ñato’ o ‘Socio’, administraba el dinero y controlaba el inmueble. Otro implicado, Álvaro Augusto Vallejos Puño, fue intervenido dentro de una habitación junto a una menor.
La organización había desarrollado un sistema que combinaba captación, traslado y oferta mediante catálogos. Las adolescentes eran fotografiadas y ofrecidas a clientes bajo modalidad de delivery, con precios que alcanzaban los 400 soles por servicio.
Los clientes, según la investigación, eran en su mayoría profesionales y gerentes con alto poder adquisitivo, quienes exigían condiciones específicas, como que las menores acudieran con uniforme escolar.
Dentro de la vivienda intervenida, las menores no eran vistas como víctimas, sino como activos. De acuerdo con la información recogida, la principal implicada, Lidia Graciela Pérez, alias ‘Mami’, administraba la operación, decidía las fotografías y coordinaba los encuentros.
Los registros incautados incluyen siete teléfonos celulares, chips y otros elementos que ahora están en manos del Ministerio Público. En ellos se habrían encontrado comunicaciones, coordinaciones y evidencia de la actividad ilícita.
Madre ofrecía a menores de edad por catálogo. Foto: Día D
UNA FACHADA FAMILIAR PARA OCULTAR EL DELITO
La vivienda funcionaba bajo una apariencia doméstica. En el lugar también vivían las hijas menores de la principal investigada, de 12, 9 y 7 años, quienes, según los agentes, conocían lo que ocurría dentro de la casa.
Testimonios recogidos durante la intervención señalan que, cuando llegaban los clientes, las niñas eran enviadas a sus habitaciones. El entorno cotidiano servía como cobertura para una actividad que se desarrollaba puertas adentro.
Vecinos de la zona fueron claves para el caso. Sus grabaciones permitieron documentar el ingreso constante de menores y la presencia de vehículos, algunos de alta gama, que llegaban hasta el inmueble.
La investigación también reveló que existía una red de contactos más amplia. Los agentes trabajan en identificar a otros posibles implicados y clientes, mientras analizan el contenido de los equipos electrónicos incautados.
Por ahora, el Ministerio Público ha iniciado las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades y posibles vínculos con otros casos similares. Las autoridades no descartan que existan más víctimas.
Las adolescentes rescatadas permanecen bajo protección del Estado, mientras el caso avanza. La intervención permitió desarticular parte de la organización, pero la búsqueda continúa para identificar toda la estructura detrás de esta red.
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