La madrugada del pasado 28 de diciembre, un karaoke ubicado en las inmediaciones del centro comercial Mega Plaza, en el distrito de Independencia, se convirtió en escenario de un grave incidente que hoy genera indignación. Cerca de veinte fiscalizadores municipales, identificados con chalecos, ingresaron al local durante un operativo que, según la denuncia, se realizó sin orden judicial ni presentación de documentos oficiales.
De acuerdo con lo expuesto por la representante legal del establecimiento, los funcionarios irrumpieron de manera violenta, rompieron puertas y causaron daños materiales. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del local, cuyas imágenes comenzaron a circular y avivaron la polémica en torno a la forma en que se ejecutó la intervención.
Las grabaciones también muestran un hecho que ha generado especial rechazo: una fiscalizadora municipal propinó una bofetada a una trabajadora del karaoke en medio del operativo. La agresión, captada en video, ocurrió cuando la trabajadora reclamaba por sus pertenencias, entre ellas dinero y un medicamento indispensable para su salud.
El caso fue presentado esta semana en la televisión, donde la representante del local y su abogado denunciaron no solo la agresión física, sino también la falta de sustento legal para la clausura y la presunta sustracción de bienes del establecimiento.
Según el relato de la vocera del karaoke, los fiscalizadores ingresaron sin mostrar ningún documento que respaldara la intervención. “Han venido, han hecho lo que han querido, se han llevado cosas, todo está registrado en cámara. Han roto la chapa, la puerta. Han entrado de una forma muy violenta”, señaló públicamente.
Al consultar por la orden de intervención, la representante indicó que no se les entregó ningún documento en el momento. “En un momento me acerco y pregunto: ‘¿Dónde está el documento o algo? ¿Por qué están haciendo esto?’. Me respondieron que las ordenanzas municipales lo permiten, pero no tenían nada”, afirmó, agregando que el acta consignaba la firma de una funcionaria que no estuvo presente.
La denunciante sostuvo además que el local contaba con licencia de funcionamiento y certificados de defensa civil vigentes, documentos que, según dijo, nunca fueron solicitados durante el operativo. Pese a ello, los fiscalizadores dejaron un acta con afirmaciones que calificó de imprecisas y procedieron a clausurar el negocio.
El abogado del establecimiento indicó que toda la documentación fue adjuntada a la denuncia formal presentada ante la Municipalidad de Independencia. A su juicio, la clausura se realizó sin notificación previa y sin causa justificada, vulnerando el derecho al debido proceso.
Además de la agresión física, la representante denunció la desaparición de bienes y pertenencias personales durante la intervención. “Han desaparecido cargadores, una cámara, el VTR no se encontró. A una de las trabajadoras, a quien agredieron, le sacaron cosas de la cartera, incluso su teléfono, documentos y dinero”, detalló, señalando que los fiscalizadores incluso intentaron manipular los equipos de seguridad.
El local permaneció clausurado durante dieciocho días, lo que generó pérdidas económicas para la propietaria y afectó a los trabajadores. La defensa legal advirtió que situaciones similares se estarían repitiendo en otros negocios nocturnos de la zona, generando incertidumbre entre los emprendedores.
La denuncia presentada alcanza al alcalde de Independencia, en su calidad de representante legal del municipio, y a la subgerenta de fiscalización, por presunto abuso de autoridad y hurto, en base a los artículos 376 y 185 del Código Penal. Tras ello, la municipalidad devolvió la autorización para que el local reanude actividades, admitiendo irregularidades en el procedimiento.
Ante la difusión de los videos, la Municipalidad de Independencia informó que separó preventivamente a la fiscalizadora involucrada mientras se realizan las investigaciones. La comuna condenó cualquier acto de agresión por parte de su personal y aseguró que no tolerará conductas que vulneren la integridad de los ciudadanos.
Finalmente, el municipio señaló que durante la intervención se habrían encontrado elementos que podrían indicar actividades ilícitas en el local, como trata de personas, precisando que ese aspecto es materia de investigación por parte de las autoridades. Mientras tanto, el caso continúa bajo escrutinio público y mediático, en medio de cuestionamientos a los límites y protocolos de la fiscalización municipal.
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