El miedo se ha instalado en su casa y no se va. Un policía en actividad, cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad, pasó de ser protagonista de una valiente intervención contra la delincuencia a vivir bajo constantes amenazas de muerte. Ya no solo lo intimidan a él, sino que apuntan directamente a lo que más le duele: sus tres hijos.
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El efectivo logró frustrar un asalto armado en noviembre de 2024, cuando delincuentes que operaban como falsos colectiveros intentaron robar dentro de un vehículo informal. Dos de ellos terminaron detenidos y hoy cumplen prisión preventiva, pero lejos de cerrarse el capítulo, la pesadilla recién comenzaba.
Policía lleva más de un año recibiendo amenazas. Foto: Panamericana
Las imágenes de aquella noche siguen circulando. Los hampones creyeron haber encontrado víctimas indefensas, sin imaginar que uno de los pasajeros era un policía armado que regresaba a casa tras su servicio. El asalto fue frustrado, pero el costo personal se ha extendido por más de un año.
Todo ocurrió de madrugada. El agente salía de trabajar y, por apuro, abordó un colectivo en el que ya iban tres sujetos: el conductor y dos supuestos pasajeros. Se sentó en la parte posterior, lado derecho, sin sospechar que estaba a punto de enfrentarse a la muerte.
El trayecto avanzó con normalidad hasta que el vehículo dejó Huachipa y se desvió hacia una zona oscura. Al reclamar por el cambio de ruta, recibió insultos. Segundos después, el conductor frenó en seco y le apuntó con un arma de fuego. Fue entonces cuando el policía reaccionó, hirió a dos delincuentes y logró reducir a uno, mientras los otros escapaban.
“Yo cojo mi arma y les hiero a dos. Y el conductor que tenía el arma da la fuga y el del otro también da la fuga. Los otros dos… solamente me quedo con uno”, narró
“SABEMOS DÓNDE VIVEN TUS HIJOS”
Rubén Luján Cuadros y Rodolfo Guillermo Puro Flores fueron detenidos y hoy cumplen prisión preventiva. Sin embargo, el conductor armado logró huir y permanece no habido. Desde entonces, la vida del efectivo dio un giro marcado por el hostigamiento y las amenazas.
Hace apenas cuatro días, el policía recibió audios intimidantes vía WhatsApp. El mensaje fue directo y aterrador: le advirtieron que saben dónde vive, con quién camina y que tiene hijos. La amenaza, según denunció, proviene del entorno de los delincuentes detenidos.
“Tombo... te hablé bonito… ¿Te sientes intocable, no? Sabemos dónde vives, sabemos con quién caminas, sabemos que tienes hijos. Piensas que nosotros jugamos, ¿no, soplón?”, se escucha en uno de los audios enviados, una advertencia directa que apunta a sus menores.
Las intimidaciones continuaron con llamadas telefónicas. En una de ellas, una mujer se identificó como la esposa de uno de los implicados. El policía respondió que solo estaba cumpliendo la ley, pero la insistencia en comunicarse con su abogado fue interpretada como un nuevo intento de presión.
Hoy, el temor gobierna su rutina. El agente se desplaza con chaleco antibalas y ha restringido por completo la vida de sus hijos, quienes ya no pueden salir a jugar ni llevar una vida normal. “El temor mío es que algo a ellos les pueda pasar”, confesó con angustia.
MIEDO, SILENCIO Y PEDIDO DE PROTECCIÓN
Pese a haber actuado en legítima defensa, el policía asegura no contar con medidas judiciales que protejan a su familia. Señala que no existe ningún documento ni garantía personal que salvaguarde la vida de sus hijos frente a las amenazas.
La situación también ha impactado a su entorno más cercano. Sus familiares relatan que han dejado de salir de casa por miedo y que el agente ha cambiado notoriamente su comportamiento, afectado por el estrés y la presión constante que vive desde el asalto frustrado.
Ante el avance del proceso judicial, que en los próximos días entrará en una etapa decisiva, el temor a represalias se ha incrementado. Por ello, el efectivo decidió romper el silencio y hacer pública su historia, buscando ayuda antes de que ocurra una tragedia.
El policía ha pedido el respaldo del comandante general de la Policía Nacional del Perú y exige que se activen medidas urgentes de protección. En 2026 se cumplirán dos años desde aquella intervención que evitó un asalto, pero que lo condenó a vivir bajo amenaza, sin reconocimiento oficial y con el miedo permanente de perderlo todo.
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