La tensión vuelve a recorrer las rutas de Lima Metropolitana y el Callao. Los ataques contra choferes, cobradores y empresas formales no cesan, y un sector del gremio de transportistas anunció que evalúa un nuevo paro nacional de 48 horas entre el 15 y 17 de diciembre. La medida surge como respuesta a la ola de extorsiones, incendios y amenazas que arrastra al sector a una crisis cada vez más profunda.
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Horas después de que un nuevo chofer fuera acribillado en Chorrillos, Martín Ojeda, dirigente de uno de los gremios, explicó a América Noticias que buscan una reunión inmediata con el presidente José Jerí. Recordó que, tras el paro del 4 de noviembre, se ofreció un cambio en la situación, pero las muertes y ataques continúan. “Esta situación no está dando frutos”, indicó, al señalar que los compromisos asumidos no han sido cumplidos.
De acuerdo con estimaciones citadas por Ojeda, un paro total del servicio afectaría cerca de 14 millones de viajes diarios en Lima y Callao. Foto: Andina
En esa misma línea, Ojeda aseguró que el estado de emergencia vigente “no sirve para nada” ante la violencia creciente. Dijo que ya hubo un diálogo con el primer ministro Ernesto Álvarez Miranda, pero ahora requieren la presencia directa del jefe de Estado. “La situación está agudizándose día a día. Los fallecidos no hablan, pero sus familias están en desgracia, estamos en un estado de guerra”, señaló durante una entrevista matinal.
La denuncia del dirigente también tocó un punto que golpea de frente a las empresas formales: el pago de cupos. Según afirmó, hoy los negocios de transporte deben entregar dinero hasta a tres o cuatro bandas extorsivas, y quienes solo pagan a una se pueden considerar “bendecidos”. La amenaza es directa: si no cumplen, los delincuentes atentarán contra sus vidas o contra sus vehículos.
Mientras tanto, los hechos violentos continúan acumulándose. En las últimas dos semanas, 25 unidades han sido incendiadas. Varios dueños han optado por no salir a circular por miedo a nuevas represalias. Los ataques no solo dejan pérdidas económicas: profundizan el temor entre los trabajadores del volante y generan un clima de permanente incertidumbre.
ATAQUES, INCENDIOS Y UNA INVESTIGACIÓN QUE NO AVANZA
Ojeda detalló que, en las últimas semanas, al menos cinco empresas han sido víctimas de incendios provocados que destruyeron más de 25 vehículos. En varios casos, los ataques fueron antecedidos por cartas extorsivas que advertían de nuevos atentados si no se efectuaban los pagos exigidos por las mafias. Según señaló, las investigaciones no avanzan y aún no hay responsables identificados.
El dirigente insistió en que este escenario demuestra la falta de efectividad de las acciones de seguridad. Aunque existe una unidad operativa creada para enfrentar a estas mafias, afirmó que no tiene presupuesto ni capacidad suficiente para responder a la dimensión del problema.
El posible paro nacional se plantea como una medida de presión, no como un castigo para la población. Ojeda explicó que buscan visibilizar la gravedad del avance del crimen organizado sobre el transporte formal y reclamar acciones concretas del Gobierno. Pese a ello, reconoció que el impacto sería enorme.
Dos buses fueron incendiaron en la avenida Pacasmayo en San Martín de Porres. Choferes denuncian extorsión. Fotos: @photo.gec
UN PARO QUE AFECTARÍA 14 MILLONES DE VIAJES
De acuerdo con estimaciones mencionadas por el dirigente, una paralización total afectaría cerca de 14 millones de viajes diarios en Lima y Callao. Esta interrupción golpearía actividades laborales, citas médicas, clases y compromisos cotidianos de millones de peruanos que dependen del transporte público para desplazarse.
Las demandas del gremio incluyen la discusión de temas clave: acceso al secreto bancario en investigaciones de extorsión, control de chips telefónicos utilizados por bandas criminales, aplicación efectiva de la norma de reserva de identidad para los denunciantes y recursos reales para la unidad encargada de enfrentar a estas organizaciones.
Martín Ojeda, vocero del gremio Transportistas Unidos. (Foto: El Comercio)
¿Se puede evitar la paralización? Ojeda comentó que un sector del gremio estaría dispuesto a suspenderla si el Ejecutivo concreta una reunión y plantea respuestas claras. Sin embargo, advirtió que otro grupo considera que la decisión ya es irreversible ante la falta de soluciones concretas.
El reloj avanza hacia diciembre y la tensión crece. Entre buses incendiados, cupos múltiples y un estado de emergencia cuestionado, el transporte formal espera señales del Gobierno. De no llegar, el paro anunciado podría volver a paralizar la ciudad en plena crisis de inseguridad.
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