El cronograma judicial avanzó, las autorizaciones se emitieron y los expedientes estuvieron listos. Sin embargo, en la práctica, los operativos no llegaron a tiempo. La Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional enfrenta cuestionamientos por una serie de retrasos que habrían permitido la fuga de investigados por presuntos delitos de corrupción.
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Uno de los casos más recientes es el del exgobernador regional del Callao, Ciro Castillo. Aunque la policía lo tenía bajo vigilancia desde el 27 de noviembre, el allanamiento autorizado por el Poder Judicial el 9 de diciembre se ejecutó recién seis días después, el 15, en horas de la madrugada. Para entonces, el investigado ya no estaba.
El doctor Ciro Castillo-Rojo Salas tiene una orden de captura por presuntamente liderar una red criminal.
Fotos: Julio Reaño/@Photo.gec
La diligencia terminó siendo declarada infructuosa. Al llegar al inmueble del titular del Gore Callao, los agentes encontraron la vivienda en remodelación. La demora superó las 140 horas, pese a que el pedido fiscal incluía detención preliminar por 15 días y allanamientos en el marco del caso “Los Socios del Callao”.
Según la tesis fiscal, Castillo habría encabezado una presunta organización criminal en el Gobierno Regional y el Cafed, donde se habrían direccionado 63 contratos por aproximadamente S/ 1.4 millones a determinados proveedores. La orden existía. La captura, no.
ALLANAMIENTOS QUE LLEGARON TARDE
El general Luis Lira, jefe de la Dircocor, explicó que la demora respondió a coordinaciones para la elaboración del plan de operaciones conjuntas con el Ministerio Público. Descartó cualquier filtración y aseguró que la Policía es la primera interesada en ejecutar estas diligencias.
Un patrón similar se observa en el caso de Vladimir Cerrón. En junio de 2024, inteligencia policial obtuvo indicios de su presencia en una vivienda de Huancayo. El fiscal solicitó el allanamiento la noche del 14 de junio y el juez autorizó la diligencia apenas dos horas después.
Pese a ello, el operativo se ejecutó 13 horas más tarde. Los agentes recién viajaron desde Lima a Junín la mañana del sábado y allanaron el inmueble por la tarde. El resultado fue negativo: Cerrón no estaba. Solo se halló a su hombre de confianza, José Bendezú, quien sí tenía requisitoria.
Las imágenes del operativo mostraron búsquedas exhaustivas en todos los ambientes de la vivienda, sin éxito. El entonces presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, remarcó que la demora no fue atribuible al magistrado que autorizó el allanamiento.
Cerrón, condenado inicialmente en el caso Aeródromo Wanka y con prisión preventiva por Los Dinámicos del Centro, se mantuvo en la clandestinidad. En marzo de 2025, fue absuelto en el primer proceso, quedando vigente solo la medida preventiva por el segundo caso.
Vladimir Cerrón continúa prófugo de la justicia. Foto: GEC
CINCO DÍAS QUE MARCARON LA DIFERENCIA
El caso de Óscar Acuña, hermano del líder de APP, también evidencia retrasos. Investigado por presunto tráfico de influencias en el caso Frigoinca, la Fiscalía solicitó allanamientos y detención preliminar el 12 de noviembre. Dos días después, el Poder Judicial autorizó la medida.
Sin embargo, la Dircocor ejecutó la orden recién el 19 de noviembre, cinco días después. Para entonces, Acuña fue declarado no habido. Aunque se solicitó prisión preventiva, esta fue declarada infundada.
Según la tesis fiscal, Acuña habría recibido S/ 77.000 para influir en funcionarios regionales y favorecer a una empresa vinculada al programa Qali Warma. Nuevamente, la orden estuvo lista antes que la intervención.
Expertos consultados advierten que estas dilaciones sistemáticas en cumplir mandatos judiciales clave generan dudas sobre la eficacia del accionar policial. Los casos se acumulan y las explicaciones no logran despejar la preocupación.
Mientras las investigaciones continúan y las responsabilidades se discuten, los tiempos perdidos siguen pesando. En procesos donde las horas son decisivas, los retrasos marcaron la diferencia entre una captura y una fuga.
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