El fiscal anticorrupción Francisco Alarcón señaló hoy que apelará la decisión judicial que dispuso 18 meses de prisión preventiva, y no los 36 meses que había solicitado, para el director de la Aviación Policial, General Alfredo Vildoso Rojas, y otros cuatro investigados. Esto por el caso de presunta corrupción en la compra de 35 mil mascarillas y otros equipos valorizados en más de S/ 2 millones, en el marco del COVID-19. Alarcón cuestiona que el juez Renzo Subiría Ruiz, de la Corte Superior de Justicia del Callao, no haya considerado el delito de organización criminal en su resolución.
“Esta discrepancia en torno a la organización criminal es lo que motiva mi apelación. La fiscalía sí esta convencida de que estamos frente a una organización, pues hay un concurso de varias personas. Cada una cumplió un rol, y no solo hubo colusión, sino que esto se prolongó en el tiempo, incluso después de la firma del contrato", enfatizó en diálogo con este Diario.
Incluso, agregó, los procesados empezaron a incomodar a los testigos. "Testigo que citábamos, testigo que era visitado por ellos y trasladados a la Dirección de Aviación Policial. Entonces bajo esos criterios, sí estamos ante una organización criminal”, aseveró.
La prisión preventiva que dictó hoy el Poder Judicial incluye, además del jefe de la Aviación Policial, al comandante Omar Puente Auccapoma, al mayor Jesús Benancio Cisneros, al teniente Leonardo Oblitas Bozovich y al empresario Patrick Alonzo Oblitas Bozovich. Esta se concedió por los delitos de colusión, obstrucción de la justicia, falsedad ideológica y exposición de persona en peligro en agravio del Estado.
Audios complicarían a general
Sobre la situación del general Vildoso, el fiscal mencionó que tiene audios donde el empresario Oblitas Bozovich señala que el general le había dado el respaldo total y que el personal de la Aviación Policial tenía que seguir sus indicaciones.
“El general ha dicho en audiencia que él solo le había encargado al jefe de Administración ver el contrato y que no tiene que ver con el mismo, que desconoce lo que ha salido a la luz, y que él solo se limita a firmar. Que a un funcionario el Estado le pague solo para que firme, es decir para que cumpla función de notario, es insostenible. Quien firma puede revisar el documento antes de firmar, eso es lo que se reprocha”, señaló el representante del Ministerio Público.
Al ser consultado si las mascarillas y los implementos de bioseguridad que se compraron se llegaron a distribuir, el fiscal señaló que tanto el ingreso de las mascarillas adquiridas a la referida unidad policial, como la distribución a su personal, es todavía materia de investigación.
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