El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión suspendida contra Fernando Rospigliosi, actual presidente del Congreso, por el delito de difamación agravada, luego de las declaraciones que el legislador dirigió contra la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, a quien calificó como “aliada del terrorismo y de las economías ilegales”. Esa afirmación fue el punto de partida de la querella que terminó en sentencia.
La jueza Norma Carbajal, del Juzgado Penal Unipersonal Supremo, fue clara en su evaluación. Señaló que las expresiones del parlamentario excedieron los límites legales y afectaron el honor de la magistrada.
El adelanto de fallo fue leído tras cinco sesiones de juicio oral. En esa audiencia se expusieron las conclusiones, los argumentos de ambas partes y las pruebas analizadas durante el proceso.
En su resolución, la magistrada concluyó que el congresista hizo un uso abusivo de su derecho a la libertad de expresión. Según explicó, las afirmaciones no contaban con sustento fáctico suficiente.
Además, subrayó que no se trató de un hecho aislado. Rospigliosi utilizó otros calificativos contra Espinoza, incluso después de haber sido advertido, lo que reforzó la determinación de responsabilidad penal.
La frase difundida el 7 de julio de 2025 fue considerada como una crítica que sobrepasó los límites permitidos. “La aliada del terrorismo y de las economías ilegales, Delia Espinoza, se ufana de la ilegal persecución contra policías y militares que impidieron que hordas violentas repusieran en el gobierno al golpista Pedro Castillo, que pretendía implantar una dictadura comunista. Esa persecución debe terminar y los delincuentes y sus aliados ir a prisión”, publicó en sus redes sociales
Para la jueza, hubo una “desproporción evidente” y un carácter ofensivo que no dejó dudas.
El fallo también señala que el legislador no se rectificó, pese a haber tenido hasta dos oportunidades para hacerlo. Y es que el congresista, posteriormente a la publicación del 7 de julio de 2025, utilizó otros calificativos contra Espinoza Valenzuela como “pro terrorista” y “desquiciada”. Ese elemento fue determinante en la decisión final.
La defensa de Rospigliosi, encabezada por Humberto Abanto, sostuvo que se trataba de opiniones críticas en el marco de una figura pública. Sin embargo, ese argumento no fue acogido por el juzgado.
La sentencia establece nueve meses de prisión suspendida, lo que implica que el congresista no ingresará a un penal, siempre que cumpla con las condiciones impuestas.
Entre las reglas de conducta figura la obligación de no variar su domicilio ni ausentarse de Lima sin autorización judicial. También deberá presentarse cada 60 días para un control biométrico.
Además, se fijó el pago de una reparación civil de 200 mil soles a favor de Delia Espinoza, monto menor al solicitado inicialmente por la defensa de la exfiscal.
El incumplimiento de estas medidas podría derivar en que la pena suspendida se convierta en efectiva, según lo establecido por el juzgado.
La sentencia aún puede ser apelada por la defensa del parlamentario. El texto completo del fallo será leído en una próxima audiencia programada por el Poder Judicial.
En paralelo, especialistas han señalado que, al tratarse de una condena en primera instancia, no necesariamente impediría su participación política, en referencia a su condición de candidato al Senado.
El caso deja un precedente en torno al uso de la libertad de expresión en el ámbito político, en un proceso donde las declaraciones públicas terminaron siendo evaluadas en sede judicial.
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