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Creyó que la policía se había olvidado de él, pero se equivocó. A pocos días de cumplirse un año del doble feminicidio en agravio de una joven madre y su hija de 7 años, en el distrito de San Martín de Porres, agentes de la División de Homicidios de la Dirincri capturaron al autor del doble crimen en la provincia limeña de Cañete.
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Se trata de Anderson Carlos Portas Huamán (29) (a) “Pollo”, quien es sindicado como el presunto autor del delito de feminicidio en agravio de su expareja María Elena Espinoza Vílchez (24) y su menor hija de iniciales M. M. A. E. (7), en el distrito de San Martín de Porres.
Las víctimas presentaban múltiples heridas de arma blanca, un acto que evidencia la extrema violencia ejercida sobre ellas. La relación entre la víctima y el agresor había estado marcada por el maltrato, llevando a María Elena a denunciar a Portas por violencia física y psicológica, así como por violación sexual.
El jefe de la División de Homicidios de la Dirincri Lima, coronel PNP Víctor Revoredo, explicó que pese a las medidas de protección y cambio de residencia de la víctima, el acusado la encontró y cometió el atroz crimen en presencia de sus otros dos hijos. Asimismo, señaló que la fémina recibió 30 puñaladas en diferentes partes del cuerpo; mientras que la niña cinco heridas punzocortantes.
Este sujeto fue intervenido en el asentamiento humano Asunción 8, en el distrito de Imperial, en Cañete.
En tanto, el Tercer Despacho de la Sexta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte logró 7 días de detención preliminar contra este sujeto.
La fiscal provincial a cargo del caso, Patricia Arce Layme, señaló que dispuso la toma de declaración ampliatoria, la verificación y constatación domiciliaria, la toma de exámenes de ley y la visualización del celular incautado del detenido; así como la reconstrucción de los hechos, entre otros.
Cabe mencionar que la representante del Ministerio Público, antes de la detención del imputado, solicitó la homologación de ADN entre la víctima y el investigado y el examen tricológico de cabellos hallados en las manos de la víctima y el imputado; la visualización de las cámaras de videovigilancia del lugar de los hechos y de las redes sociales de la occisa; el requerimiento del levantamiento del secreto de las comunicaciones; la toma de declaraciones testimoniales de los familiares de la agraviada; entre otros.
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