El dolor se instaló en Áncash cuando se confirmó que el cuerpo hallado en un barranco pertenecía a la suboficial Marleni Martha Rucana Silvestre, de 27 años. Fueron días de angustia para su familia y compañeros hasta que la búsqueda terminó en tragedia.
La noche del 21 de febrero, su colega, el brigadier José Enrique Villafán Arteaga, de 52 años, la esperó a la salida de la Unidad Desconcentrada de Medio Ambiente, en Huaraz. La invitó a cenar y le ofreció llevarla a casa. Ella aceptó porque era alguien de confianza, cercano incluso a su entorno familiar.
Las cámaras registraron el momento en que la joven subió a la camioneta Ford Ranger roja, de placa BJN906, propiedad del efectivo. Se dirigieron a un restaurante en Ranrahirca. Después de eso, nadie volvió a verla con vida.
Cuando Roxana Silvestre llamó al policía para preguntar por su hija, él aseguró que la había dejado en Huaraz y le sugirió esperar 48 horas antes de denunciar. Incluso prometió ayudarla.
Sin embargo, según la investigación, esas primeras 24 horas fueron claves. Los agentes sostienen que Villafán aprovechó ese tiempo para alterar la escena del crimen.
De acuerdo con las diligencias, el brigadier desmanteló el asiento delantero, cambió cinturones y tapetes, y envió el vehículo a Lima con uno de sus hermanos para borrar evidencias.
La camioneta fue hallada en la capital y conducida por Mateo Villafán Arteaga. Según el coronel Abel Obando, el hermano habría intentado desmantelar la unidad por órdenes del policía.
Pese a los intentos de limpieza con químicos, la prueba de luminol fue determinante. Se hallaron rastros de sangre humana en la zona del copiloto y en los posavasos.
El general Manuel Lozada reconoció que esa prueba fue fundamental para desbaratar la versión del acusado. Las pericias biológicas confirmaron que dentro del vehículo ocurrió un hecho violento.
La necropsia preliminar indicó que la suboficial habría recibido un disparo en la cabeza. Durante las diligencias en la vivienda del efectivo no se ubicó su arma de reglamento y aún estaba pendiente la prueba de absorción atómica para determinar si disparó.
Tras la presión de las pruebas y luego de que el Poder Judicial dictara nueve meses de prisión preventiva, Villafán confesó y reveló el lugar donde arrojó el cuerpo, en una zona de matorrales en Paltay, cerca de la vía que une Taricá con Huaraz, a solo ocho minutos de la base policial donde ella trabajaba.
Sin embargo, insistió en que todo fue accidental y que ambos “jugaban” con un arma. El perito forense Piero Montes fue contundente: “Encontramos, por el modo de brutalidad, por el modo de deshacerse del cuerpo y de involucrar a más personas, que eso no puede ser un accidente. Hay una conducta premeditada”.
Montes cuestionó que un instructor policial sostenga esa versión. “No estamos hablando de un suboficial de tercer rango o alguien que recién salió de la escuela. Es una persona que ha formado suboficiales”, remarcó.
El Poder Judicial consideró que existen graves y fundados elementos de convicción que lo vinculan con el secuestro, desaparición y asesinato. El magistrado señaló que se cumplen los presupuestos de gravedad de la pena, peligro de fuga y riesgo de obstaculización, ordenando su internamiento mientras continúan las investigaciones.
El jefe regional de Áncash, Eduan Díaz, informó que el efectivo fue suspendido temporalmente y que las medidas administrativas serán “drásticas”.
Marleni llevaba ocho años en la Policía Nacional y cursaba el noveno ciclo de Derecho. Su familia la describe como alegre y estudiosa. “Esa persona ha sido su abogado, no aparentaba lo que es”, manifestó Ruth Silvestre, tía de la víctima.
Hoy, su madre exige cadena perpetua por la alevosía y la traición. La comunidad espera que el peso de la ley caiga con rigor sobre quien no solo arrebató una vida, sino que, según sus propias filas, deshonró el uniforme que juró respetar.
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