Una balacera infernal cerca del Mercado Caquetá dejó como saldo un muerto y dos heridos de bala, en San Martín de Porres. Según la Policía, se trataría de un enfrentamiento entre dos presuntos grupos criminales que cobraban cupos por la zona.
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Esto pone nuevamente en el debate una de las modalidades más peligrosas y presentes en el Perú: la extorsión. Pero ¿dónde nació y qué significa en términos de criminalidad en el país? Aquí una breve historia.
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Todas las investigaciones apuntan a que la extorsión en el Perú se inició en el norte del país, más específicamente en Truijllo, capital de La Libertad. Uno de los grupos pioneros fue la organización criminal ‘Los pulpos’.
'Miller' y su padre 'Father', de 'Los Pulpos', banda fundada en Trujillo en los 90.
Esta gavilla fue fundada por los terribles hermanos Cruz Arce en el distrito trujillano de El Porvenir en los años 90. ‘Miller’, ‘Nilton’, ‘Eddy’ (en Chile) y ‘Jhon’ Cruz Arce sembraron el terror entre los comerciantes, choferes y moradores.
Ellos empezaron como asaltantes y ladrones de carros, especialmente taxis, para venderlos o ‘canibalizarlos’ a fin de comercializar sus piezas a pedido o en los mercados de reducidores. Era un próspero negocio hasta que la fuerte competencia hizo inviable el robo de vehículos.
CUPOS A CARROS
Entonces, a mediados del año 2000, idearon el robo de carros para pedir un ‘rescate’ por él a sus dueños. De ahí viraron hacia el cobro de cupos a los taxistas y microbuseros.
Poco a poco, estas bandas delictivas empezaron a brindar protección a cambio de un pago mensual: “un cupo”. El pago garantizaba que los miembros de la banda o de otras no robaran los coches y, en caso de que ocurriera, la organización que brindaba protección lo
recuperaría como parte de su servicio. Sin darse cuenta, la repetición de esta práctica haría surgir una nueva modalidad que luego se extendería por toda la ciudad, dándose un tránsito del hurto a la extorsión.
Según un estudio de Julio Corcuera Portugal, profesor de la escuela de Posgrado de la Policía Nacional del Perú, hay a saber varias modalidades de extorsión:
- - Cobro de cupos en construcción civil.
- - Cobro de cuotas por obras a empresarios.
- - ‘Chalequeo’ (vigilancia privada en obras).
- -Extorsión telefónica.
90 MILLONES DE SOLES
Solo en el rubro de la construcción, se calcula que las organizaciones criminales de extorsión recaudan unos 90 millones de soles al año, de acuerdo a datos de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI).
La modalidad fue copiada por otras bandas liberteñas, como Los Malditos de Moche, Los Cagaleches de Virú, Los Malditos del Triunfo y ‘Los clavos del Alambre’.
De Trujillo la modalidad se pasó a Chimbote y luego a Chiclayo, Piura y Tumbes. Recién a mediados del 2008 llegó a los conos de Lima.
Según una encuesta de victimización de empresas publicada por el gobierno en el año 2015, el 55,8 por ciento de las empresas de La Libertad reportaron haber sido extorsionadas, seguida por Lima, con 50,4 por ciento, Tumbes, con el 42 por ciento, y Piura, con el 41,9 por ciento. Estas redes de extorsión también han sido acusadas de participar en corrupción, sicariato, lavado de dinero, robo, secuestro y tráfico de drogas.
30 AÑOS DE CÁRCEL
La ley sanciona la extorsión con hasta 30 años, pero solo hay 1024 presos por este delito, el 1,18% de la población penal del país, según el Instituto Nacional Penitenciario.
Las cifras oficiales señalan que el número de víctimas de extorsión y de asaltos con armas de fuego van en aumento en el país. Entre 2012 y 2021 hubo un incremento del 28,1% en el empleo de pistolas o revólveres en los robos, reveló el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI).
Los registros que maneja la PNP ofrecen una lectura distinta respecto a este delito y su avance en el país. Según datos proporcionados por dicha institución, las denuncias por extorsión —solo entre enero y junio de este año— superaron los 5,200 casos en Perú, una cifra 22,5% más alta que lo registrado en todo el 2021. Las regiones de Lima, La Libertad y Piura concentraron el 73,1% de todo lo denunciado en el territorio nacional.
En 2018 hubo 3 mil denuncias y cero en 2020 producto de la pandemia y el encierro obligatorio. Ya en el 2022 han habido cinco mil denuncias.
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