La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro desarticuló parte de una red de explotación sexual de menores que operaba en la capital. En el centro de la investigación se encuentra Gerardo Saúl Chunga Zárate, exsuboficial de segunda de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), detenido por presunta explotación sexual de adolescentes y pornografía infantil.
El operativo se ejecutó el 22 de septiembre en los distritos de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, con apoyo de la División de Trata de Personas, la Dirección General de Inteligencia, la TCIU de la PNP, la ONG Our Rescue y el departamento de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos.
Chunga fue arrestado en su vehículo cerca de su vivienda en Villa El Salvador. En la diligencia, los agentes incautaron teléfonos móviles y dispositivos tecnológicos que contenían abundante material de connotación sexual infantil y conversaciones donde ofrecía a las menores a supuestos clientes.
Paralelamente, las autoridades allanaron un hostal en San Juan de Miraflores. Allí rescataron a cuatro adolescentes de entre 15 y 17 años, una de ellas embarazada. Las víctimas habían sido contactadas por el exsuboficial a través de WhatsApp y Telegram, según la investigación fiscal.
En el hospedaje también fueron detenidos Jaime Calixto, propietario del local, y Sara Sire, recepcionista de apenas 18 años, quienes quedaron bajo custodia policial por presunta participación en los delitos.
De acuerdo con la fiscal provincial Evelyn Taboada De La Cruz, Chunga captaba a las menores utilizando perfiles falsos y mensajes seductores. Una vez ganada la confianza, las obligaba a enviar fotos íntimas y a sostener relaciones sexuales con terceros en diversos hospedajes de Lima.
La investigación detalla que las conversaciones halladas en su celular revelan ofertas explícitas de adolescentes a potenciales clientes. Todo este material será clave para el proceso judicial que se le sigue.
La Fuerza Aérea del Perú, a través de un comunicado, precisó que Gerardo Chunga ya no pertenecía a la institución al momento de su detención, pues había sido dado de baja tras no alcanzar el grado inmediato superior. Además, condenó enérgicamente los hechos, calificándolos como una ofensa a la sociedad y una traición a los valores de la carrera militar.
Las penas que afronta son severas. El delito de pornografía infantil agravada contempla entre 10 y 15 años de prisión, mientras que la explotación sexual agravada de menores podría llevarlo a cadena perpetua, según lo establecido en el Código Penal peruano.
Las cifras de trata de personas en el país reflejan la magnitud del problema: solo en el primer semestre del 2025 se registraron 1,229 víctimas y 942 denuncias. Lima concentra el 35 % de los casos, seguida por Arequipa y Piura.
El Ministerio Público continúa con las investigaciones para determinar la magnitud de la red y las responsabilidades de cada uno de los detenidos. Mientras tanto, las adolescentes rescatadas reciben protección integral para garantizar su seguridad.
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