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Un masivo despliegue policial y fiscal sacudió la madrugada en varios puntos de Lima y Loreto. Fue el golpe más reciente contra los remanentes de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, el grupo asociado a Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, detenido en Paraguay pero cuya sombra seguía operando en las calles y en los penales del país.
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El operativo, coordinado entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, marcó un avance contundente en la lucha contra el crimen organizado. Fueron intervenidos 23 inmuebles y 14 celdas de distintos penales del país, en un trabajo simultáneo que alcanzó distritos como Comas, Carabayllo, Puente Piedra, el Callao y zonas de Loreto.
PNP y Fiscalía golpean a organización criminal que cobraba cupos y operaba desde 2022. (Foto: GEC)
El general PNP Marco Conde Cuéllar, jefe de la Dirincri, confirmó a RPP la dimensión del despliegue: agentes especializados ingresaron a viviendas y pabellones penitenciarios en busca de documentos, dispositivos y personas vinculadas a la red.
Por su parte, el coronel PNP Eric Ángeles Puente, jefe de la Diviac, explicó que las investigaciones confirmaron que integrantes de la banda seguían coordinando extorsiones desde prisión, aprovechando celulares clandestinos y contactos externos para mantener vivo el negocio criminal.
EXTORSIONES QUE NO PARABAN NI DESDE LA CÁRCEL
El Ministerio Público informó que 14 presuntos integrantes de la organización criminal fueron detenidos durante el megaoperativo. Entre ellos figuran mandos altos y medios que, según las indagaciones, mantenían activa la estructura desde el 2022 en Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres y Los Olivos.
Parte del mecanismo delictivo incluía exigir cuotas iniciales que iban de S/ 10 000 a S/ 80 000 a comercios formales. No solo eso: también cobraban entre S/ 1 y S/ 5 diarios a mototaxis y combis para dejarlos transitar sin represalias, una presión constante sobre los transportistas de la zona.
Otra modalidad detectada fue el uso de tarjetas de polladas o chuletadas para camuflar movimientos de dinero y obligar a empresas de transporte a justificar ‘aportes’ que, en realidad, encubrían pagos de extorsión.
Durante los allanamientos se incautaron documentos que detallan montos y supuestas cuotas exigidas a diversas compañías. Esos archivos serán fundamentales para ampliar las diligencias que continuará la Fiscalía.
MEGAOPERATIVO EN LIMA Y LORETO
Las fuentes policiales precisaron que, solo en Lima, se intervinieron 21 inmuebles: 12 en Comas, dos en Villa El Salvador, dos en Puente Piedra, uno en Carabayllo y uno en el Callao. En Loreto, se allanaron otros dos domicilios, donde además fue detenida una ciudadana venezolana señalada como parte de la red.
Las celdas intervenidas corresponden a los penales de Santa Mónica, Lurigancho, Ancón, Cañete y Huaral. Ahí se halló documentación y dispositivos que ahora están bajo análisis.
(Fotos: Cesar Bueno @photo.gec)
La Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada (Equipo 4) precisó que todos los detenidos cumplirán una orden de detención preliminar por 15 días. El fiscal provincial César Changa Echevarría dirigió la operación judicial.
El fiscal superior Jorge Weyner Chávez Cotrina, coordinador nacional de las fiscalías especializadas, supervisó el operativo y remarcó que se trata de un esfuerzo articulado para desarticular redes que siguen generando violencia y temor en distintos puntos del país.
UNA RED QUE EXTORSIONABA A DISCOTECAS Y ARTISTAS
Según avanzaron las investigaciones, ‘Los Injertos del Cono Norte’ no solo mantenían el cobro sistemático a transportistas, sino que también extorsionaban a discotecas, artistas y más de veinte empresas dedicadas al transporte público.
Las cuotas exigidas alcanzaban entre S/ 50 000 y S/ 80 000 como pago inicial, además de montos semanales para “garantizar” que las víctimas no sean atacadas. Parte de este dinero habría servido para sostener el estilo de vida de su líder incluso después de su captura internacional.
En total, más de 600 policías y 50 fiscales participaron en el megaoperativo que logró encapsular a los presuntos integrantes activos de la red. La intervención representa un golpe directo a una estructura criminal que, pese a tener a su cabecilla en prisión, mantenía el terror en los distritos del Cono Norte.
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