Adam Smith Lucano Cotrina, alias ‘El Jorobado’, ha logrado lo impensable: mantener una red criminal activa desde prisión. Aunque permanece recluido en el penal Ancón 1, su poder sigue expandiéndose por Lima Norte, donde controla empresas fachadas, influye en licitaciones municipales y sostiene nexos con funcionarios y empresarios de los distritos de Carabayllo y Comas.
Las investigaciones de la Policía y la Fiscalía revelan que la organización del Jorobado utiliza compañías constituidas formalmente para lavar dinero y participar en obras públicas. Estas empresas, al menos once, según el Ministerio Público, están vinculadas a su entorno familiar y sirven como fachada para ingresar dinero de origen ilícito al circuito legal.
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Entre las firmas investigadas figura Ink Dcolors, representada por Miguel Ángel Marín Morón, alias Negro Marín, uno de los hombres de confianza del cabecilla. Las cámaras de seguridad del municipio de Carabayllo registraron el ingreso de una camioneta Hilux con placa AXA-786 —vehículo que perteneció a Lucano y luego fue transferido a la empresa Misha— estacionándose cerca del espacio reservado al propio alcalde.
En Comas, los nexos no son menores. La organización habría utilizado eventos masivos en el parque Ricardo Palma para lavar dinero, según un informante policial. En esas actividades, la venta de bebidas estaba a cargo de Distribuidora Cerli, compañía atribuida al Jorobado y que, bajo apariencia comercial, canalizaba fondos para su red criminal.
Alias 'Jorobado' estaría operando desde el penal, según declaró su presunto cómplice.
Foto: PNP
El poder del ‘Jorobado’ desde la cárcel
A pesar de su encierro, Adam Lucano continúa dirigiendo sus operaciones desde Ancón 1. Interceptaciones telefónicas legales revelaron que, en abril de 2023, coordinaba pagos con un empresario ligado a obras en Carabayllo, comparando montos con sobornos realizados en Villa El Salvador. Los agentes hallaron celulares, dinero y materiales de bloqueo en su celda, lo que evidencia que seguía operando con total libertad.
La Fiscalía Anticorrupción y la FECOR Lima Noreste señalan que el Jorobado infiltra municipios mediante testaferros y operadores que actúan como intermediarios en licitaciones. Así, logra obtener información privilegiada y asegurar contratos con sobrecostos o pagos irregulares. Su poder no se limita al dinero: también ejerce intimidación contra quienes se niegan a colaborar.
Detrás del aparente negocio formal se libra una guerra por el control territorial. La organización del Jorobado mantiene una sangrienta disputa con la de Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, por los paraderos y cobros extorsivos en Lima Norte. Los enfrentamientos incluyen ataques con granadas, balaceras y asesinatos selectivos, todo en medio de la lucha por dominar rutas de transporte informal.
La Policía sostiene que estas bandas cobran hasta tres soles diarios a los mototaxistas por operar en determinados sectores. En audios interceptados, Edilson Mael Pérez Lucano, alias Gasparín —sobrino del Jorobado— afirma que “el que no paga, se muere”, evidenciando la brutalidad de sus métodos.
Los sobrinos que mantienen viva la red
Dos familiares directos del cabecilla continúan sus operaciones fuera y dentro de prisión. Enzo Lucano Cano, detenido en una reciente intervención, fue sorprendido con armas y documentos irregulares. La Fiscalía lo acusa de seguir las órdenes de su tío. En tanto, Gasparín, recluido en el penal de Huaral, da órdenes desde su celda y coordina atentados contra bandas rivales.
En escuchas telefónicas, Gasparín incluso habría ordenado incendiar la vivienda de Moche, operador del Monstruo, y enviar cartas amenazantes a quienes no pagaran los “cupos”. Las autoridades creen que ambos sobrinos funcionan como piezas esenciales para mantener la estructura criminal activa.
Una de las pistas más reveladoras surgió tras el asesinato de la abogada Xiomara Flores Bazán, baleada frente a sus tres hijas. Su cuñado, Víctor Santos Olascuaga, alias Pichón, aparece en conversaciones con Gasparín sobre el cobro de deudas. En uno de esos diálogos se menciona al esposo de la víctima, quien conducía un vehículo Audi que habría sido vendido por el propio Jorobado a un precio muy por debajo del valor comercial.
Ese detalle llamó la atención de la Fiscalía, que investiga si la transacción fue parte de un lavado de activos o un mecanismo para encubrir operaciones ilícitas dentro de la red.
Enzo Lucano Cano,
Permanente riesgo en Lima Norte
La Policía sostiene que, pese a los golpes a la organización, la estructura del Jorobado continúa operando con remanentes que intentan rearmarse. El coronel PNP Manuel Cruz Chamba ha solicitado su traslado a un penal de máxima seguridad, ante las pruebas de que mantiene poder e influencia sobre internos y funcionarios.
Mientras tanto, los municipios de Carabayllo y Comas permanecen bajo escrutinio. Las investigaciones buscan determinar qué funcionarios facilitaron la entrada de vehículos y empresas vinculadas al entorno del Jorobado, así como la posible existencia de contratos irregulares en sus gestiones.
El caso, que mezcla crimen organizado, corrupción y poder político, sigue revelando la profundidad de la red criminal que, incluso tras las rejas, continúa moviendo los hilos desde el penal Ancón 1.
El Jorobado mientras requisaban su celda en Ancón 1.
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