El Poder Judicial dictó hoy 18 meses de prisión preventiva contra el director de la Aviación Policial, general PNP Andrés Alfredo Vildoso Rojas, el comandante Omar Puente Auccapoma, el mayor Jesús Benancio Cisneros, el teniente Leonardo Oblitas Bozovich y el empresario Patrick Alonzo Oblitas Bozovich. Ellos son investigados por presuntos delitos de corrupción en la compra de 35 mil mascarillas y otros equipos de bioseguridad para la Dirección de Aviación Policial (Diravpol), valorizados en más de 2 millones de soles.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao apeló esta decisión, pues había pedido 36 meses de prisión preventiva en contra de un total de once investigados por este caso, entre policías y civiles.
La investigación preparatoria es por los delitos de colusión agravada, crimen organizado, falsedad ideológica, obstrucción a la justicia y exposición a peligro de persona dependiente, y esta a cargo del fiscal provincial Francisco Alarcón Solis.
La sala consideró que la prisión preventiva se justifica porque “ha quedado evidenciado el peligro procesal planteado por la fiscalía”. Esta vencerá el 21 de febrero del 2022.
El juzgado consideró infundado el pedido de prisión preventiva en contra del resto de investigados y determinó para ellos el mandato de comparecencia con restricciones. Entre ellos figuran el alférez PNP Pool Jhansen Olórtegui Yauli y los abogados particulares Miguel Eduardo Vásquez Neyra y Luisa Fabiola Carrillo Vásquez.
Antecedentes del caso
Según la tesis de la fiscalía, los involucrados habrían participado en el presunto direccionamiento para la contratación de la empresa Ka´linson Perú SAC, durante el inicio del estado de emergencia por el COVID-19; sin embargo, la beneficiada habría sido la firma Bozovich y Asociados Safety.
Además, las gestiones para los dos procesos de contratación se habrían realizado a través del teniente Leonardo Oblitas Bozovich, hermano del propietario de dicha firma, Patrick Oblitas Bozovich.
En la investigación también se cuestiona la mala calidad de los insumos y bienes adquiridos.
Asimismo, los presuntos miembros de esta organización criminal habrían presionado a los testigos e intentado eliminar o alterar documentación incriminatoria.