Un año y medio después del asesinato del cirujano plástico Carlos Antonio Mendo Castillo, su asistente y principal acusado, José Miguel Espino González, fue excarcelado pese a haber confesado su participación en el crimen. La familia asegura que el ciudadano venezolano no tiene arraigo en el Perú y teme que aproveche su libertad para abandonar el país.
La historia comenzó en la madrugada del domingo 23 de febrero de 2025, cuando el médico se desplazaba por la autopista Ramiro Prialé junto a Espino, quien trabajaba como su asistente y amigo. El extranjero conducía el vehículo mientras Mendo Castillo iba en el asiento del copiloto.
Al llegar al segundo mirador de la vía, dos sujetos a bordo de una motocicleta negra interceptaron el Hyundai. Uno de ellos descendió, se acercó directamente al galeno y le disparó sin pronunciar palabra.
El atacante luego sacó al médico del automóvil y le quitó su teléfono celular. Una vez fuera del vehículo, volvió a dispararle. El cirujano quedó tendido sobre la pista, sin vida.
Espino aceleró y llevó el automóvil hasta un grifo. En un primer momento aseguró que lo había hecho para salvarse. Sin embargo, cuando regresó al lugar, encontró a su empleador muerto.
La primera versión entregada por el asistente apuntaba a un supuesto asalto cometido por dos delincuentes en motocicleta. Pero las pesquisas de la División de Homicidios de la Dirincri encontraron inconsistencias en su relato y terminaron colocando al propio acompañante de la víctima en el centro de la investigación.
El coronel Carlos Morales Guevara, jefe de la División de Homicidios de la Dirincri, explicó que Espino terminó admitiendo su responsabilidad. “El asistente, que inicialmente pretendió hacer creer que lo sucedido era un robo, terminó confesando que él había planificado el crimen”, declaró a RPP Noticias.
Según la investigación policial, el asistente habría pagado S/3800 a otro ciudadano venezolano para ejecutar el homicidio. Además, habría contado con la participación de un menor que condujo la motocicleta utilizada durante el ataque.
En el interrogatorio policial, Espino reconoció detalles del pago y de la coordinación. Cuando le preguntaron cuándo entregó el dinero, respondió: “No, antes de los hechos”. Luego precisó: “3 mil en efectivo y 800 el día sábado o viernes con una transferencia bancaria”.
La ubicación del ataque también habría sido coordinada previamente. Policía: “¿Ellos te dijeron que lo lleves a tal lugar?”. Espino: “Sí”. Policía: “¿A qué lugar?”. Espino: “A Prialé”.
Cuando los investigadores le preguntaron cómo llegó hasta ese punto, el acusado respondió: “Maps. Me mandaron la ubicación”. Y ante la consulta sobre si observó el asesinato, dio una respuesta que quedó registrada en el interrogatorio: “Incluso antes le había dicho que lo bajaran del carro porque yo no quería ver (el asesinato). Me entendió mal, primero lo mata y luego lo baja”.
La Policía sostuvo además que el móvil habría sido económico. El día anterior al crimen, Mendo Castillo había realizado una operación médica por la que recibió cuatro mil soles. Ese dinero desapareció después del homicidio. La policía ha señalado que Espino tenía acceso a las cuentas bancarias de Mendo y que planeó cada paso del crimen con frialdad.
Las pesquisas también determinaron que Espino tenía acceso a las cuentas bancarias del médico. Después del asesinato fue captado por cámaras de televisión intentando bloquear las cuentas de la víctima y, cuando le preguntaban cuál era su vínculo con el fallecido, respondía: “Soy su pareja”.
El coronel Morales señaló que el acusado habría actuado motivado por la necesidad de conseguir dinero. “Quería matarlo para quedarse con su dinero. Necesitaba 80 mil soles para comprarse una casa en Venezuela”, afirmó el jefe policial.
Espino permaneció aproximadamente un año y medio bajo prisión preventiva. El juicio oral comenzó el 21 de agosto, pero pocos días después la familia recibió una noticia que no esperaba: el principal acusado ya no estaba tras las rejas.
María Mendo, hermana del cirujano, expresó su indignación y cuestionó la decisión judicial. “Mi hermano fue asesinado por su asistente, un venezolano, José Espín, quien estaba detenido con prisión preventiva ya un año y medio”, manifestó a Latina Noticias.
La familiar también cuestionó que se haya dispuesto su excarcelación pese a que, según sostiene, no tendría domicilio ni arraigo en territorio peruano. “Yo quisiera saber por qué los jueces dieron la orden de excarcelación si sabían que era un asesino confeso, si él no tiene casa, no tiene arraigo acá en Perú”, reclamó.
La familia asegura que no fue notificada oportunamente sobre la liberación. Según relató María Mendo, su abogado les explicó que la fiscal encargada había salido de licencia y que el expediente quedó bajo responsabilidad de otro magistrado, situación que habría complicado el seguimiento del proceso.
Por ahora, existe una orden de captura nacional contra Espino González. Los familiares temen que pueda salir del país y cuestionan que el proceso haya avanzado con tanta lentitud. “El Poder Judicial, el Ministerio Público, lo han hecho muy lento. ¿Cómo esperaron un año y medio para todavía no haber un juicio oral?”, preguntó la hermana del médico.
Mientras el proceso judicial continúa, el paradero del principal acusado genera incertidumbre entre los deudos. Para la familia de Carlos Mendo Castillo, la herida por aquel crimen vuelve a abrirse con una pregunta que todavía no encuentra respuesta: ¿cómo terminó en libertad el hombre que la Policía señala como autor confeso del asesinato?
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