Las acciones de la Policía Nacional del Perú contra la trata de personas y proxenetismo se vieron afectadas por el estado de emergencia decretado por la pandemia del COVID-19. Esto debido a que los agentes especializados tuvieron que apoyar desde marzo último en el control del cumplimiento de los protocolos de seguridad. Así lo explicó a este Diario el coronel Atilio Rivas, jefe de la División contra la Trata de Personas de la PNP.
“Sí, efectivamente se vieron afectadas (nuestras acciones) porque al dictarse las medidas sanitarias por el estado de emergencia, se paralizaron nuestras actividades. En un inicio estuvimos apoyando el control de la ciudadanía de manera total y ya aproximadamente en la quincena de junio, al entrar a la fase dos, retomamos los casos, sobre todo de favorecimiento a la prostitución en locales clandestinos”, señaló Rivas a este Diario.
El oficial detalló que hasta el 13 de julio último se han realizado 60 operaciones que han permitido la detención por trata de personas de 56 personas, 13 de ellas de nacionalidad extranjera.
Asimismo, se ha logrado rescatar a 80 menores de edad, ocho de ellos extranjeros, así como a 365 mujeres, 63 de ellas extranjeras. Entre los detenidos figuran los vigilantes y administradores de los locales donde se cometen estos delitos.
Mientras que las víctimas son derivadas a la Unidad de Protección de Víctimas para que puedan recibir apoyo psicológico de manera voluntaria. Los menores de edad son conducidos a albergues en coordinación con las fiscalías.
El coronel Atilio Rivas expresó que la actual crisis económica favorece el incremento de los casos de trata, de allí que las mujeres intervenidas señalen que “tienen su economía mermada y deben trabajar”. Sin embargo, a los propietarios de los locales sí se les investiga y procesa por delito de trata.
Asimismo, señaló que debido al cierre de los establecimientos que tienen licencia para el funcionamiento de trabajadoras sexuales, las mafias han optado por alquilar inmuebles que funcionan como prostíbulos clandestinos, donde cuatro o cinco personas se dedican a este rubro.
“Estas personas captan a sus víctimas, sobre todo menores de edad, a través de las redes sociales. Les ofrecen trabajo como modelos, pidiéndoles sus fotos, luego las citan, les ofrecen dinero y allí les dicen que harán acompañamiento a personas”, comentó. Esta modalidad de captación se ha intensificado por la pandemia.
Las víctimas más vulnerables son menores que provienen de familias disfuncionales y que se encuentran solos en casa porque los padres salen a trabajar.
Los distritos de la capital donde se concentra este delito son San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Los Olivos, Puente Piedra, Carabayllo y Comas. También distritos de un nivel socioeconómico más alto, donde es difícil el acceso de la policía debido a que operan en departamentos de edificios.
En el interior siguen encabezando la lista Madre de Dios, Puno e Iquitos. Al respecto, Rivas señaló que si bien las operaciones contra la minería ilegal, en zonas como La Pampa, contrarrestaron en parte el delito de trata, “hay todavía zonas donde se practican estas actividades ilícitas”.
Juega en contra del combate a este flagelo el poco presupuesto que recibe esta unidad especializada. “El presupuesto que nos toca es muy corto, nosotros tenemos que desplazarnos a nivel nacional. También tenemos una división de tráfico ilícito de migrantes que requiere el traslado a las fronteras”, refirió.
Otro problema es que las municipalidades no fiscalizan de manera adecuada los locales donde operan las mafias de trata, pues son clausurados en las intervenciones policiales, pero días después vuelven a abrir sus puertas.
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