La caída de Luis Alberto Galicia Mori ha generado indignación entre transportistas. No era un extraño ni un desconocido: manejaba una unidad de la empresa ‘Los Rojitos’, pero, según la Policía, también cumplía un rol dentro de una organización criminal que golpeaba al propio gremio.
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De acuerdo con las investigaciones, Galicia Mori integraría la banda ‘Las cuentas del miedo’, dedicada a extorsionar a empresas de transporte público en Lima. Su función, según los agentes, no estaba en la calle ni en los cobros, sino en la información.
Luis Alberto Galicia Mori dateaba a criminales sobre colegas que no pagaban cupo. Foto: Latina
El chofer habría actuado como “datero”. Proporcionaba datos sobre rutas, ingresos, nombres de socios y, sobre todo, identificaba a los conductores que se negaban a pagar los cupos exigidos por los extorsionadores.
Con esos detalles, la organización podía dirigir amenazas y ataques con mayor precisión. Para los investigadores, su participación resultó determinante en el funcionamiento del esquema delictivo.
La captura del conductor se produjo en el marco de un megaoperativo ejecutado la madrugada del 8 de abril, que permitió la detención de 18 presuntos integrantes de esta red criminal.
EL INFILTRADO
Las autoridades sostienen que Galicia Mori no solo tenía acceso a información interna, sino que seleccionaba y perfilaba objetivos dentro de la propia empresa. Esa labor facilitaba que las amenazas llegaran directamente a quienes se resistían a pagar.
El jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirnic), teniente general Walter Lozada, indicó que la colaboración del chofer habría permitido ataques recientes contra ‘Los Rojitos’, uno de los cuales dejó tres personas fallecidas en San Juan de Miraflores.
Las pesquisas también apuntan a que la organización operaba como una estructura bien definida, en la que cada integrante cumplía un rol específico, desde la obtención de información hasta el manejo del dinero.
Familiares de Galicia Mori llegaron hasta la División de Lavado de Activos de la PNP para sostener su inocencia. Lo hicieron a bordo de una combi de la empresa San Juanito de Chorrillos, pero sus argumentos no cambiaron la situación del detenido.
Mientras tanto, los agentes continúan investigando si el chofer tuvo participación directa en el atentado que terminó con tres víctimas mortales.
El gatillero disparó contra la unidad, quitándole la vida al chofer y dos pasajeros | Foto: Latina (Captura) / Composición EC
DINERO Y ESTRUCTURA
El operativo también permitió la captura de Víctor Eduardo Meza Escobar, conocido como ‘Chileno’, señalado como el presunto brazo financiero de la organización. Fue detenido en un departamento del malecón de Miraflores, donde la Policía encontró más de un millón de soles en efectivo.
Según las autoridades, Meza Escobar manejaba una fachada empresarial denominada VICMEZ, que habría servido como cobertura para ocultar el origen ilícito del dinero obtenido mediante extorsiones.
Junto a él fue intervenida Hilary Apolo Gutiérrez, a quien se le atribuye la recepción y canalización de los fondos. Ambos habrían utilizado mecanismos diseñados para dificultar el rastreo financiero.
El fiscal Jorge Chávez Cotrina explicó que la organización empleaba plataformas de apuestas y juegos para depositar el dinero y luego retirarlo, simulando operaciones legales.
Víctor Meza, alias 'Chileno', considerado el brazo financiero de la organización.
Las investigaciones revelan que la red habría acumulado más de nueve millones de soles en apenas dos años, tras extorsionar al menos a nueve empresas de transporte.
Además, se identificó que los cobros incluían pagos de 10 mil soles por inscripción y cuotas quincenales de 8,500 soles.
Las autoridades también investigan la posible participación de un miembro del Ejército, Wilber Joel Huansi Salas, cuya función dentro de la organización aún no ha sido determinada.
Otro punto clave de la investigación señala que las órdenes de los ataques y extorsiones serían coordinadas desde el penal de Cochamarca, en Pasco, por un interno conocido como ‘Pitbull’.
En este escenario, la figura del chofer infiltrado cobra relevancia para los investigadores. La información que proporcionaba no solo alimentaba el sistema de cobros ilegales, sino que también habría facilitado atentados contra sus propios compañeros de trabajo.
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