
A 190 millas frente a las costas de Talara y Máncora, en la región Piura, una lancha surcaba el Pacífico con una carga que no tenía nada de pesca. No llevaba redes ni hielo para conservar el producto del mar. En su interior viajaban 2.4 toneladas de clorhidrato de cocaína, distribuidas con precisión en compartimentos ocultos.
El operativo fue ejecutado por equipos de inteligencia de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional y la Marina de Guerra del Perú, que lograron interceptar la nave en altamar. La cifra marca el mayor decomiso de droga en aguas peruanas de los últimos años.

Cada bloque prensado formaba parte de un engranaje mayor que apunta a organizaciones criminales de alcance internacional. La ruta, según los investigadores, buscaba conectar Sudamérica con México y luego con territorio estadounidense.
En la lancha se hallaron 106 sacos de rafia blanca. Cada uno contenía 20 bloques compactos de cocaína. El embalaje repetía un patrón profesional: rafia exterior, malla ajustada con ganchos y plástico transparente envolviendo los ladrillos.
AL FILO DE LAS 200 MILLAS
Un agente fue retirando capa por capa hasta dejar al descubierto la sustancia ilícita. En total, 106 sacos con 20 bloques cada uno, una operación a gran escala diseñada para soportar el viaje en alta mar.
El punto de interdicción no fue casual. Según las autoridades, estas embarcaciones navegan “muy pegadito a nuestras doscientas millas”, de modo que, ante una persecución, solo necesitan cruzar a aguas internacionales para escapar de la jurisdicción peruana.
La hipótesis policial sostiene que el cargamento ilegal tenía como destino Estados Unidos. En declaraciones al programa Panorama, el general PNP (r) José Arturo Ludeña aseguró: “Yo podría asegurar que esta droga estaba destinada para el cártel mexicano. En realidad, Sinaloa, Nueva Generación, algunos de los que están vigentes”.
La mención enlaza el cargamento con estructuras como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, organización asociada a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’, capo mexicano que recientemente fue abatido por fuerzas federales durante un operativo este domingo 22 de febrero.

TRIPULANTES CON ANTECEDENTES
Los tres tripulantes no eran improvisados. Registros judiciales en distintos países los vinculan con condenas previas por tráfico internacional de drogas. No se trataba de pescadores sin experiencia, sino de navegantes que dominan rutas, tiempos y puntos de relevo.
Uno de los detenidos es Ramón Alfredo Catuto Tomala, quien el 21 de febrero de 2019 recibió una sentencia de ocho años de prisión por transporte y posesión de drogas para tráfico internacional. En 2021 solicitó extradición a Ecuador. Volvió al mar con toneladas de cocaína.
En la embarcación también viajaba Enrique Manuel Mero Mero, de 49 años, condenado en 2017 por un tribunal de Estados Unidos por tenencia de cocaína. El tercer tripulante, Martires Liborio Serrano Chiquito, fue capturado en 2018 en Estados Unidos con cinco kilos de cocaína y luego obtuvo su libertad tras un acuerdo de culpabilidad.
Para Ludeña, estos perfiles responden a una lógica operativa definida: “Son personas que conocen de estas travesías en alta mar y entonces son captadas por estas organizaciones y su trabajo es el de trasladar la mercancía hacia un punto determinado”.

La ingeniería de la narcolancha también formaba parte del plan. Presentaba compartimentos ocultos en cabinas y baño. Un especialista en lanchas explicó: “No hay tanto espacio, pero si usted minuciosamente se sienta a levantar parte por parte, tiene mucho espacio”. Bajo asientos y paneles existían áreas diseñadas para ocultar la carga sin alterar la apariencia exterior.
La potencia completaba el esquema. Según Ludeña, estas lanchas “pueden desarrollar fácilmente los más de cien kilómetros por hora”. Con tres motores fuera de borda de 200 caballos cada uno, la nave alcanzaba 600 caballos de fuerza, dificultando cualquier persecución por patrulleras convencionales.
La magnitud del decomiso obligó al traslado aéreo de la droga. Más de diez agentes cargaron los sacos hasta una aeronave policial. El envío, valorizado en cerca de 12 millones de dólares, revela la dimensión económica de la operación.
Los intervenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. Las autoridades sostienen que la captura expone a los transportistas, mientras los financiadores y destinatarios permanecen fuera de alcance. La orden ahora es identificar a quienes coordinan la operación desde México y otros puntos del continente.











