
La crisis electoral ya tiene su primera consecuencia directa. En medio de diligencias y con la atención puesta en la sede central, la Policía Anticorrupción detuvo a un alto funcionario de la ONPE, marcando un giro en las investigaciones por el caos en la jornada de votación.
Se trata de José Edilberto Samamé Blas, gerente de Gestión Electoral, quien fue intervenido por la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

La detención se produjo en flagrancia, en el mismo corazón de la institución, mientras avanzan las pesquisas por los retrasos en la distribución del material electoral que afectaron la instalación de mesas en distintos puntos del país.
El caso estalla luego de una jornada marcada por largas colas, locales que no pudieron abrir y miles de ciudadanos que no lograron votar. La crisis, concentrada en varios distritos de Lima, encendió las alertas desde las primeras horas del domingo.
RENUNCIA Y RESPONSABILIDAD
Horas antes de su detención, Samamé ya había dado un paso clave. Presentó su renuncia al cargo mediante una carta dirigida al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, en la que reconoció su responsabilidad en las fallas logísticas.
En el documento, el funcionario admitió que, pese a las acciones desplegadas para garantizar el proceso, se produjeron inconvenientes que afectaron el normal desarrollo de la jornada electoral.
“Ante los hechos acontecidos y las fallas logísticas que han afectado el normal despliegue del material electoral (...) reconozco la responsabilidad”, señaló en su carta, dejando en claro que su gerencia tenía a cargo estas funciones.
La renuncia fue recibida por el funcionario Ángel Isaac Lastres, en una jornada marcada por la presión pública y el avance de las investigaciones.
Mientras tanto, la línea de responsabilidad comienza a tomar forma. Aunque inicialmente la ONPE había atribuido los problemas a una empresa tercerizadora encargada del transporte, la salida del gerente refuerza la hipótesis de fallas internas.

INVESTIGACIÓN EN MARCHA
En paralelo a la detención, la sede central de la ONPE continúa siendo escenario de diligencias. Efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público permanecen en el lugar recabando información.
Las investigaciones buscan esclarecer qué ocurrió en la cadena de distribución del material electoral y por qué se produjeron retrasos que afectaron directamente el derecho al voto de miles de ciudadanos.
Según se conoció, las autoridades también intentaron ubicar al funcionario en sus domicilios y centro de trabajo en el marco de las indagaciones preliminares, sin éxito en un primer momento.
El caso se enmarca en el impacto generado por las demoras en la instalación de mesas de sufragio durante las Elecciones Generales 2026, un episodio que dejó escenas de desorden, malestar y cuestionamientos al sistema electoral.
Ahora, con la detención del gerente de Gestión Electoral, la investigación entra en una nueva fase. Una en la que las responsabilidades ya no solo se discuten, sino que comienzan a tener consecuencias concretas.
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