
El Tribunal Constitucional (TC) declaró prescrita la condena de cuatro años de prisión efectiva impuesta a Alan Azizollahoff por el caso Utopía, la discoteca donde 29 jóvenes murieron durante un incendio en julio de 2002. La decisión también ordena dejar sin efecto las órdenes de captura nacionales e internacionales contra el empresario y restituir su libertad de tránsito.
La resolución fue emitida luego de que la defensa de Azizollahoff presentara una demanda de hábeas corpus para cuestionar la ejecución de la pena. El TC declaró fundada la solicitud y anuló las decisiones judiciales que habían rechazado previamente el pedido de prescripción.

La condena contra el empresario fue dictada en 2014 por el delito de homicidio culposo por omisión impropia y quedó firme el 11 de mayo de 2015. El máximo intérprete de la Constitución consideró que desde entonces había transcurrido el plazo correspondiente para que la pena prescribiera.
El fallo corresponde al expediente N.° 01771-2025-PHC/TC y está identificado como Sentencia 170/2026. El razonamiento se centró en diferenciar la prescripción de la pena de la prescripción de la acción penal.
UNA TRAGEDIA QUE MARCÓ AL PAÍS
Para entender la resolución actual hay que volver a aquella noche del 20 de julio de 2002. La discoteca Utopía, ubicada en el centro comercial Jockey Plaza, realizaba una fiesta denominada “Zoo”, que incluía un espectáculo con fuego y exhibición de animales.
Durante la presentación se inició un incendio que rápidamente convirtió el local en una trampa mortal. De acuerdo con la sentencia judicial, los jóvenes fallecieron por asfixia provocada por la inhalación de gases tóxicos.
La investigación estableció que el establecimiento no contaba con las condiciones mínimas de seguridad para enfrentar una emergencia. Entre las deficiencias se mencionaron la falta de extintores, salidas de emergencia adecuadas y licencia municipal relacionada con el incumplimiento de las exigencias de seguridad.

El proceso judicial determinó además que quienes tenían responsabilidades en la administración y propiedad del local debían adoptar medidas para evitar riesgos previsibles. En 2014, el Poder Judicial sostuvo que Alan Azizollahoff y Édgar Paz Ravines habían permitido el funcionamiento de Utopía más allá del riesgo permitido.
Ambos fueron condenados a cuatro años de prisión efectiva y al pago de una reparación civil de S/70 000 por cada uno de los 29 agraviados. Sin embargo, el camino de los dos empresarios después de la sentencia fue distinto.
Paz Ravines fue detenido en México en noviembre de 2018 y posteriormente extraditado al Perú en septiembre de 2020 para cumplir su condena. Azizollahoff, en cambio, permaneció fuera del país y nunca llegó a ingresar a una cárcel peruana.

UNA PENA QUE YA NO PODRÁ EJECUTARSE
El Estado peruano había aprobado en 2020 una solicitud de extradición de Azizollahoff desde Sudáfrica. El objetivo era que regresara al país para cumplir la condena que había quedado firme cinco años antes.
Pero su defensa inició en 2022 los trámites para que se declarara prescrita la pena. Tras no obtener una respuesta favorable en el Poder Judicial, llevó el pedido ante la justicia constitucional.
El TC consideró que el plazo aplicable para la prescripción de la pena era de seis años. Para el tribunal, ese periodo debía contarse desde el 11 de mayo de 2015, fecha en que quedó firme la sentencia.

“En consecuencia, dado que la pena máxima prevista para el citado delito es de 6 años de pena privativa de la libertad, el plazo de prescripción de la pena es de 6 años”, señala la sentencia.
El tribunal agregó que, desde la fecha en que la condena quedó firme hasta la presentación de la demanda, “dicho plazo ya ha transcurrido”, por lo que correspondía estimar el pedido de la defensa.
Con esa decisión, el TC ordenó que se restituya la libertad de tránsito de Azizollahoff y que queden sin efecto todas las órdenes de captura emitidas contra él, tanto en el Perú como en el extranjero.
La resolución no significa que el empresario haya sido absuelto por los hechos ocurridos en Utopía. El TC se pronunció sobre la posibilidad de ejecutar una pena que, según su interpretación de las reglas de prescripción, ya había vencido.
El caso Utopía deja así un nuevo capítulo más de dos décadas después de la tragedia. Percy North cumplió una condena de siete años, Roberto Ferreyros también cumplió la pena que recibió y Édgar Paz Ravines fue extraditado al Perú para cumplir sus cuatro años.
Ahora, la condena de Alan Azizollahoff ya no podrá ejecutarse por haber sido declarada prescrita. Según la información proporcionada, el empresario aún afronta en el Perú un proceso pendiente por el delito de defraudación tributaria.
Veinticuatro años después del incendio que acabó con la vida de 29 jóvenes, la historia judicial de Utopía vuelve a ocupar los titulares. Esta vez, no por una nueva sentencia sobre aquella noche, sino por una decisión del Tribunal Constitucional que modifica el destino de una condena que permanecía pendiente de ejecución.











