La tragedia que estremeció al país en junio de 2017 vuelve hoy al centro de la escena pública, pero esta vez con una resolución judicial que marca un antes y un después. El Ministerio Público anunció la confirmación de penas que superan los 30 años de prisión efectiva contra los responsables del incendio en la galería Nicolini, en Las Malvinas, donde dos jóvenes trabajadores murieron atrapados. Un fallo sin precedentes en la lucha contra la esclavitud laboral en el Perú.
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La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía contra la Trata de Personas, que logró acreditar que las víctimas eran sometidas a explotación laboral en condiciones extremas. Los jóvenes trabajaban encerrados en ambientes improvisados ubicados en la parte superior de la galería comercial, sin rutas de escape, sin ventilación y bajo encierro permanente.
Caso Nicolini: confirman más de 30 años de cárcel para responsables de explotación laboral y muerte de jóvenes. Foto: GEC
Las víctimas del dantesco incendio ocurrido en junio del 2017 fueron los jóvenes Jovi Herrera Alania y Jorge Luis Huamán Villalobos, quienes trabajaban encerrados en un contenedor ubicado en el quinto piso de las galerías del centro comercial Nicolini (Cercado de Lima). Otras tres víctimas sobrevivieron a la tragedia.
Durante el incendio, ambos intentaron pedir auxilio desde una pequeña ventana del contenedor metálico donde permanecían encerrados con candado. Aquella vez, las imágenes transmitidas en vivo mostraron la desesperación de los trabajadores, que no pudieron ser rescatados mientras el fuego consumía la estructura.
Los responsables identificados por la justicia fueron Jonny Coico Sirlopu y Vilma Zeña Santamaría. Ambos fueron hallados penalmente responsables de la explotación laboral y esclavitud de las víctimas, recibiendo en 2018 condenas de 35 y 32 años de prisión efectiva, respectivamente.
CONDICIONES QUE CONDUJERON A LA MUERTE
Las víctimas realizaban trabajos en condiciones infrahumanas, dentro de contenedores instalados en el quinto piso de la galería Nicolini. Según la investigación fiscal, permanecían encerrados desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, sin acceso a servicios higiénicos, alimentos ni ventilación adecuada.
Por un pago diario de 25 soles y sin ningún derecho laboral, los jóvenes debían armar luminarias de manera manual, sustituyendo marcas originales por otras de mayor valor comercial. Estas prácticas permitían a los responsables obtener ganancias económicas indebidas, a costa del encierro y la vulnerabilidad de las víctimas.
El incendio, considerado uno de los más graves registrados en el emporio comercial de Las Malvinas, se prolongó por más de 29 horas y demandó la intervención de unos 450 bomberos. Recién días después se hallaron los restos de los jóvenes que habían quedado atrapados en las estructuras metálicas.
Además de las dos víctimas mortales, otras tres personas lograron sobrevivir a la tragedia. El caso generó una profunda conmoción nacional y puso en evidencia la informalidad extrema y la explotación laboral que operaban dentro del edificio.
Dictan 35 y 32 años para Jonny Coico Sirlopu y Vilma Zeña Santamaría, como responsables de incendio en galería de Las Malvinas.
SENTENCIA QUE SIENTA PRECEDENTE
Tras la apelación presentada por Vilma Zeña Santamaría, en diciembre de 2025 se confirmó en segunda instancia la condena de 32 años de prisión efectiva en su contra. Con ello, la justicia ratificó la responsabilidad penal por trata de personas agravada con fines de explotación laboral y esclavitud.
Como parte de la sentencia, Coico y Zeña fueron inhabilitados para contratar con el Estado por el mismo periodo de sus condenas. Asimismo, deberán pagar S/ 20 000 como reparación civil a favor de las víctimas sobrevivientes y montos de S/ 479 000 y S/ 459 000 a los herederos legales de los dos jóvenes fallecidos.
Jorge Luis Huamán Villalobos, de 19 años. En esta condición trabajaba dentro de estructura metálica donde falleció.
El Ministerio Público destacó que esta resolución constituye la primera sentencia firme por el delito de esclavitud laboral en el Perú, convirtiéndose en un precedente clave en la defensa de los derechos humanos y laborales.
Mientras Jonny Coico Sirlopu cumple su condena en el penal Miguel Castro Castro, Vilma Zeña Santamaría permanece prófuga. Desde 2023, fue incluida en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior, con una orden de captura vigente y una recompensa de hasta S/ 50 000 por información sobre su paradero.
Años después del incendio, el edificio de la galería Nicolini fue demolido por la Municipalidad de Lima tras ser declarado inhabitable. Aunque la estructura ya no existe, el caso permanece como un símbolo de una de las peores tragedias laborales del país y, ahora, como el primer gran precedente judicial contra la esclavitud moderna en el Perú.
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