La decisión ya está tomada. Y no hay marcha atrás. El Poder Judicial ratificó la prisión preventiva contra Adrián Alonso Villar Chirinos, en el caso que involucra el atropello y muerte de la deportista Lizeth Marzano y que hoy vuelve a colocarse en el centro de la atención.
Fue la Novena Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima la que confirmó la medida de nueve meses, respaldando lo dispuesto previamente por el Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria.
El caso tiene nombre propio. La víctima, Lizeth Katherine Marzano Noguera, campeona nacional de buceo, falleció tras ser embestida en un auto negro por Chirinos, quien no le prestó socorro y poco después fue visto reunido con sus familiares, entre ellos la periodista Marisel Linares.
Desde entonces, el proceso ha ido avanzando bajo la lupa de las autoridades, que consideran que existen elementos suficientes para mantener al investigado bajo prisión preventiva.
La decisión judicial no se tomó a la ligera. El tribunal evaluó los elementos presentados por la Fiscalía y concluyó que existe una alta probabilidad de responsabilidad penal.
Además, se consideraron factores clave como el peligro de fuga y la posibilidad de obstaculizar la justicia, lo que terminó por inclinar la balanza a favor de mantener la medida.
Uno de los puntos más relevantes es la conducta atribuida a Villar Chirinos tras el accidente. Según se aprecia en las imágenes de cámaras de seguridad, el joven conductor abandonó el lugar de los hechos, lo que constituye un agravante.
Este comportamiento fue interpretado como un indicio de posible evasión, reforzando la necesidad de asegurar su presencia durante todo el proceso penal.
En ese contexto, la prisión preventiva aparece como una herramienta para garantizar que el investigado no eluda la acción de la justicia mientras avanzan las diligencias.
De acuerdo con la información judicial, Villar enfrenta cargos por homicidio culposo, es decir, causar la muerte sin intención, pero por negligencia o imprudencia.
A ello se suma la imputación por omisión de socorro, al no haber prestado ayuda a la víctima tras el accidente.
Pero hay más. También se le atribuye el delito de fuga del lugar del accidente, considerado una infracción grave dentro del sistema penal peruano.
La medida de prisión preventiva fue fijada en nueve meses, plazo que permitirá al Ministerio Público continuar con la recolección de pruebas, testimonios y peritajes.
Según la resolución, el cómputo se inicia el 26 de febrero de 2016 y se extiende hasta el 25 de noviembre del mismo año.
Durante este tiempo, la defensa del investigado podrá ejercer los recursos legales correspondientes, mientras el proceso sigue su curso.
La decisión judicial refuerza la postura frente a este tipo de casos, donde no solo se investiga un accidente, sino también la respuesta posterior del implicado.
El proceso continúa. Y con él, la expectativa por lo que determinen las siguientes etapas en un caso que pone sobre la mesa la responsabilidad al volante y las consecuencias de no asumirla.
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