Les ofrecía trabajo y los llevaba a la muerte. Pocho Wilson Pinto Peña, militar en retiro de 54 años que ofrecía oportunidades laborales en Rusia, fue detenido preliminarmente por siete días en una investigación por presunta trata de personas agravada con fines de explotación laboral. La Fiscalía sostiene que habría captado y facilitado el traslado de cuatro peruanos con la promesa de trabajar en seguridad y sin ingresar a zonas de guerra, pero uno de ellos, Julio Salazar, murió durante el conflicto ruso-ucraniano.
La intervención llevó a policías y fiscales hasta dos inmuebles ubicados en Comas. Los agentes llegaron con una orden judicial de allanamiento y detención preliminar para buscar elementos que permitan esclarecer cómo se realizaban los contactos y viajes.
Según informó Latina Noticias, Pinto habría mostrado inicialmente resistencia al ingreso de los efectivos. Finalmente, las autoridades ingresaron a los predios y comenzaron la revisión de habitaciones, teléfonos y otros objetos.
La diligencia dejó abundante material por analizar. Fueron incautados celulares, dispositivos USB, tarjetas de crédito, dinero en efectivo en soles y dólares, un arma de fuego y otras especies consideradas de interés para las pesquisas.
La operación estuvo encabezada por la fiscal provincial Luisa Inés Quispe Asmat y contó con participación de la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional. La ONG Aerial Recovery también brindó apoyo durante la intervención.
De acuerdo con la investigación fiscal, la captación habría ocurrido en marzo de 2026. Los ciudadanos recibían una propuesta para viajar a la Federación de Rusia y trabajar como personal de seguridad y resguardo en una base militar.
La oferta incluía aproximadamente US$2.300 mensuales y un bono de US$20.000 después de completar el primer año de servicios. También se mencionaba la posibilidad de obtener la nacionalidad rusa.
Pero había otra condición que resultaba fundamental para quienes aceptaban. Según el Ministerio Público, Pinto habría asegurado expresamente a los interesados que no serían enviados a una zona de guerra ni colocados en primera línea de combate.
El itinerario también estaba definido. Los viajeros debían seguir la ruta Lima-París-Estambul-Moscú-Ufa hasta llegar a su destino.
La investigación sostiene que la experiencia de Julio Salazar fue diferente a lo que supuestamente le habían ofrecido. Tras llegar a Rusia, habría sido llevado a instalaciones militares, recibió entrenamiento y habría firmado un contrato redactado en ruso cuyo contenido no comprendía.
Posteriormente fue enviado a la primera línea del frente, según las pesquisas. Salazar falleció en abril durante el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.
Su muerte forma parte de la investigación que ahora desarrolla la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte. La detención preliminar comprende su caso y el de otros tres ciudadanos peruanos.
La pesquisa también intenta determinar hasta dónde llegaron las presuntas captaciones. La Policía tiene identificadas tres denuncias, aunque maneja la hipótesis de que podría existir hasta medio centenar de posibles víctimas vinculadas con esta modalidad.
Las redes sociales habrían sido una de las principales herramientas para encontrar interesados. Los anuncios promocionaban oportunidades laborales en Rusia, especialmente para personas con experiencia militar o policial.
El abogado Percy Salinas, representante de familiares de algunos afectados, sostuvo que los contactos se realizaban mediante Instagram y otras plataformas. Según su versión, a los interesados se les ofrecían puestos de seguridad, cocina o instrucción.
Los encuentros posteriores podían realizarse en centros comerciales, restaurantes o parques. Las familias entregaron a la Policía videos, capturas de conversaciones y otros materiales que ahora forman parte de las indagaciones.
Pinto Peña, sin embargo, ya había rechazado las acusaciones de engaño. En abril declaró a Panamericana TV que gran parte de las personas que había referido eran militares en retiro con experiencia en Irak y Afganistán, y sostuvo que los interesados conocían las condiciones antes de viajar.
En aquella oportunidad aseguró que los postulantes pasaban filtros y exámenes médicos antes de firmar un contrato. También habló de bonos de US$20 000 y remuneraciones mensuales de entre US$2500 y US$3500, además de alojamiento, alimentación e internet.
Su versión fue que los peruanos sabían que trabajarían en una base militar y posteriormente serían distribuidos en distintas áreas. Los familiares de algunos viajeros mantienen una posición distinta y sostienen que las ofertas laborales no coincidieron con la realidad que encontraron al llegar a Rusia.
Con los siete días de detención preliminar, fiscales y policías revisarán los celulares, memorias USB, documentación y demás objetos incautados en Comas. Las diligencias deberán establecer cuál fue exactamente la participación de Pocho Pinto, cuántos peruanos viajaron mediante estos contactos y si existieron más personas afectadas por las ofertas laborales que ahora son materia de una investigación por presunta trata de personas.
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