
El caso no se detiene en las imágenes de un ataque captado por cámaras. Tampoco en la escena dentro de un edificio en la cuadra 13 de la avenida Brasil, en Jesús María. Ahora, la historia suma un nuevo episodio: la liberación del principal investigado.
El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó que José Luis Amasifuen Huamán afronte el proceso en libertad, pese a ser señalado como presunto autor intelectual del intento de feminicidio contra su expareja, Jasit Mery Sangama Fasabi, de 47 años.

La agresión dejó a la mujer gravemente herida. Según la Policía, el ataque fue de tal magnitud que tuvo que ser internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permanece en estado delicado.
Las cámaras de seguridad registraron el momento en que la víctima ingresaba a su condominio y era interceptada por un sujeto armado. En las imágenes se observa cómo intenta refugiarse detrás de una columna. Sobrevive porque el arma del atacante se traba, aunque uno de los disparos logra alcanzarla.
Mientras la investigación avanzaba, la defensa del investigado solicitó que el proceso se lleve en libertad. Argumentaron ante el juez que Amasifuen padece de un cáncer terminal, condición que fue considerada durante la audiencia.
DECISIÓN JUDICIAL Y RESTRICCIONES
El magistrado dispuso su liberación bajo comparecencia con restricciones. Para ello, se ordenó el pago de una caución económica de 9 mil soles, además de la prohibición de comunicarse con la víctima y un impedimento de salida del país mientras duren las diligencias.
Durante la audiencia, el juez llamó la atención al procesado en reiteradas ocasiones por sus interrupciones y gestos. La situación escaló al punto de que se le pidió abandonar la sesión antes de que se dictara el veredicto final.
El Ministerio Público no estuvo de acuerdo con la decisión. Los fiscales apelaron de inmediato la resolución al considerar que existen elementos suficientes para que el investigado permanezca bajo una medida más severa.
La propia víctima participó en la audiencia y expresó su temor ante la posibilidad de que el sospechoso recupere su libertad. Su entorno también se pronunció, señalando que las pruebas, incluyendo los registros de video, evidencian el riesgo en el que se encuentra.
AMENAZAS PREVIAS Y TEMOR CONSTANTE
Para la familia, el atentado no fue un hecho aislado. Aseguran que las amenazas se intensificaron desde que la mujer decidió separarse de su expareja, hace aproximadamente cuatro años.
“Esto comenzó exactamente con más fuerza hace cuatro años, cuando mi hermana decidió separarse de él por definitivo. Comenzaron las amenazas, muchas amenazas”, relató su hermana.

El conflicto se habría agravado tras el inicio de un proceso judicial por pensión de alimentos. “Hace tres semanas inició el proceso legal… ya les llegó su primer aviso que si no paga la pensión, el señor José Luis Amasifuén Huamán iría a la cárcel”, explicó.
Días después, según su versión, ocurrió el primer atentado. El 10 de marzo, la víctima fue interceptada por dos sujetos en motocicleta cuando regresaba de dejar a su hija en el colegio. “Eran dos personas… esto pasó después de que dejaron a mi sobrina en la escuela”, contó.
Pese a la denuncia, la familia asegura que no hubo respuesta efectiva. “La denuncia ya lo puso mi hermana el mismo día, pero hasta la fecha no tuvimos alguna declaración o algo formal”, indicaron.
El segundo ataque llegó en menos de dos semanas. Esta vez, el agresor apareció en la puerta de su vivienda. “No pasó una semana y media y en esta vez sí pudieron o intentaron matar a la gente en casa”, dijeron.
Incluso señalaron que las amenazas no solo provendrían del investigado. “Incluye esto a su suegra, Violeta Emperatriz Huamán, que hizo amenazas directas a mi hermana”, afirmaron.
Hoy, con el principal sospechoso en libertad, la familia exige medidas urgentes. “Pido que den protección a mi hermana… está en peligro, mandaron a matar dentro de su casa”, reclamaron.
Hasta el momento, la Policía continúa con las investigaciones, mientras se espera el pronunciamiento de la instancia superior tras la apelación presentada por la fiscalía. Entretanto, el caso mantiene en alerta a los familiares, que advierten que el riesgo no ha desaparecido.
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