
Frente a la escalada de hechos delictivos en las rutas que conectan Ancón con el sur de Lima, los trabajadores de la empresa de transporte Vipusa tomaron medidas extremas para continuar operando. El blindaje artesanal de buses y el uso diario de chalecos antibalas se convirtieron en parte de su rutina, ante una criminalidad que convirtió la inseguridad en un riesgo permanente.
La instalación de cabinas cerradas, láminas de metal y estructuras reforzadas en puertas y ventanas ya forma parte del paisaje dentro de estas unidades. Representantes de la compañía confirmaron que cerca del setenta por ciento de la flota circula bajo esta modalidad, un estándar que nació de la necesidad y no de la tecnología.

Los choferes y cobradores describen cómo el blindaje alteró su jornada. La visibilidad cambió, la concentración debe ser total y la tensión se siente desde que el motor enciende. El objetivo es impedir que sujetos armados irrumpan en los vehículos o disparen desde el exterior, como ya ocurrió en meses recientes.
En paralelo, los conductores comenzaron a utilizar chalecos antibalas durante todos sus turnos. Pese a las altas temperaturas, la prenda se volvió indispensable para continuar trabajando. La amenaza de los ataques armados obligó a adoptar esta nueva indumentaria como parte del uniforme diario.
BLINDAJE IMPROVISADO FRENTE A LA OLA DE EXTORSIONES
La empresa confirmó que los refuerzos incorporados a las unidades costaron entre dos mil y tres mil soles por bus, montos que incluyen cabinas reforzadas, placas de acero adicionales y puntos de soporte en zonas vulnerables. En otros casos, el blindaje básico —puertas y ventana frontal— llegó a costar alrededor de mil soles.
Dirigentes de Vipusa señalaron que varios conductores recibieron mensajes directos de bandas criminales que exigieron pagos bajo amenaza de disparos. Estos amedrentamientos se volvieron más frecuentes a medida que las organizaciones expandieron su presencia en corredores de Lima Norte.
Recordaron también que más de diez trabajadores del transporte fueron asesinados en lo que va del año, según cifras del Ministerio Público. Esa estadística elevó el nivel de alerta entre quienes operan unidades en zonas donde los ataques se repiten sin tregua.
A ello se suma la falta de presencia policial constante. Los estados de emergencia y los anuncios del Ejecutivo no lograron frenar el avance delictivo en distritos como San Martín de Porres, Los Olivos y Comas. Los choferes afirman que siguen trabajando con miedo, incluso cuando inician rutas desde las 12:40 de la madrugada.

CHOFERES EXIGEN APOYO Y PERSISTE EL TEMOR EN LAS RUTAS
La compañía remarcó que la inversión en blindaje fue asumida sin trasladarla al precio del pasaje. Explicaron que la prioridad es proteger la vida de trabajadores y pasajeros, aunque solicitaron comprensión a la Policía ante la regulación de implementos como el polarizado, debido a que la seguridad se volvió un factor de supervivencia.
Algunos conductores incluso colocaron compartimentos cerrados alrededor del asiento para evitar impactos laterales, ya que los ataques provienen, mayormente, de motociclistas que se aproximan a la unidad en movimiento.
Aunque consideran que estas medidas no son una solución definitiva, otras empresas de transporte urbano ya evalúan replicarlas. La desconfianza hacia la respuesta estatal ha llevado a reforzar ventanas, puertas y cabinas en distintos corredores, como único resguardo ante una criminalidad que opera con armas y ataques selectivos.
Desde Vipusa piden apoyo financiero al Estado, recordando que la inversión por cada unidad supera, en algunos casos, los tres mil soles. La representante de la empresa señaló que los trabajadores no pueden enfrentar solos a bandas que manejan información, logística y capacidad de fuego.
Pese al temor y la incertidumbre, los choferes continúan saliendo a trabajar cada día. “Trabajamos con miedo, pero no tenemos otra opción”, señalaron mientras ajustaban sus chalecos antibalas, listos para enfrentar una jornada que, para ellos, nunca es igual de un día a otro.










