La muerte de la deportista Lizeth Marzano abrió un debate que hoy ya no solo se centra en la tragedia ocurrida en una avenida de San Isidro, sino también en lo que podría pasar con Adrián Villar, el joven que la atropelló y huyó sin prestarle ayuda. Mientras el país sigue pendiente del caso, una posibilidad legal ha entrado en escena: que el acusado no pise un penal.
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El abogado penalista Carlos Caro sostuvo que, en el caso de Adrián Villar, la defensa podría acogerse a la Ley 1595 del 2024, un decreto legislativo aprobado durante el gobierno de Dina Boluarte. Esta norma permite que imputados de hasta 25 años reciban penas de hasta ocho años que pueden ser suspendidas.
Adrián Villar admitió su responsabilidad en un video difundido recientemente.
“Tratándose de imputados que tengan hasta 25 años, una pena de hasta ocho años de prisión puede ser suspendida. Es algo absolutamente nuevo en el sistema legal”, indicó el letrado en el programa radial ‘Las cosas como son¿ de RPP.
Según Caro, en teoría la suma de las penas podría alcanzar hasta 15 años de prisión: ocho por homicidio culposo, cuatro por omisión de socorro y tres por fuga del lugar del accidente. Sin embargo, recordó que Villar no tiene antecedentes penales y que el fiscal, por lo expuesto en audiencia, estaría solicitando hasta ocho años.
UNA PENA QUE PODRÍA QUEDAR EN SUSPENSO
Para el especialista, la estrategia de la defensa iría orientada a que la prognosis de la pena no supere los ocho años. Y en el peor de los escenarios, si llegara a fijarse ese máximo, podría aplicarse la condena condicional: reglas de conducta y libertad.
Caro precisó que el juez no está obligado a aplicar esta figura, pero es una posibilidad que la defensa alegará. “Condena condicional, reglas de conducta y a tu casa”, explicó al detallar cómo funcionaría este beneficio.
En la entrevista radial también se abordó el procedimiento de la audiencia. Se recordó que Villar fue detenido preliminarmente por 72 horas y que la fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva. Sin embargo, la audiencia fue reprogramada luego de que la nueva defensa, asumida por el abogado César Nakazaki, alegara no haber recibido determinados anexos del pedido fiscal.
El debate continuará este martes desde las 3 de la tarde en el 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, a cargo del juez Adolfo Fernando Farfán, quien deberá decidir si dicta o no la prisión preventiva.
EL RECONOCIMIENTO Y LA ESTRATEGIA
Durante la entrevista se señaló que la defensa ha partido por reconocer responsabilidad en los tres delitos imputados: homicidio culposo, omisión de socorro y fuga. Para Caro, discutir la inocencia en un caso donde existen pruebas del atropello, la no atención a la víctima y la huida, no sería una estrategia viable.
El abogado explicó que la aceptación de responsabilidad no necesariamente implica una rebaja automática de pena, ya que cuando el hecho está probado más que confesión se trata de una aceptación. No obstante, podría abrir la puerta a una eventual terminación anticipada.
También se mencionó que podrían plantearse atenuantes en el debate, así como argumentos vinculados a la medición de la pena. En paralelo, se discutirá el riesgo de fuga, considerando que Villar no socorrió a la víctima y se presentó posteriormente con un dosaje realizado en una clínica privada.
Adrián Villar permanece bajo custodia mientras se define prisión preventiva. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)
Sobre este punto, Caro señaló que la certificación válida del dosaje corresponde a la prueba oficial supervisada por la autoridad, y que el juez podrá valorar todos estos elementos al momento de decidir.
Esta tarde, cuando se reanude la audiencia, se conocerá si el joven afrontará el proceso en libertad bajo reglas de conducta o si el magistrado considera que corresponde una prisión preventiva mientras avanza la investigación por la muerte de la deportista peruana.
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