¡HABLÓ! El abogado César Nakasaki, cuyo despacho tomó como suyo el caso de Adrián Villar, se pronunció tras dictarse nueve meses de prisión preventiva contra el joven de 21 años que atropelló y mató a la campeona nacional de buceo, Lizeth Marzano.
El letrado aseguró que su patrocinado responderá por los hechos, pero exigió que el juez actúe con total imparcialidad. Incluso, afirmó que, tras la detención preliminar, era un hecho el dictamen que leyeron este miércoles 4 de marzo por la noche.
“Pero necesitamos un juez y un fiscal que actúen de manera independiente, imparcial en su momento cada uno, porque desde que se da un impedimento de salida y sorpresivamente se convierte en detención preliminar, ya la prisión preventiva estaba anunciada”, indicó.
Según Nakazaki, su despacho está cuestionando la falta de condiciones para que se garantice un debido proceso a favor de la víctima. “Para que se haga eso, el acusado debe estar en un debido proceso, eso discutimos. La pena será de 4, 6 o 8 años, eso lo va a determinar la justicia, pero en un proceso correcto, legal, que lamentablemente no se viene dando”, afirmó.
De igual manera, el abogado indicó que Adrián Villar ha reconocido su culpa, pero durante la sentencia final, es probable que no reciba una pena efectiva.
“Nosotros no discutimos la prueba del delito porque hay una defensa de culpabilidad. En la pena probable se da la discusión. Nosotros lo que sostenemos es que, de acuerdo a los tres delitos que dice la Fiscalía, la pena no podría ser mayor de cinco años. Es más, por tener 21 años, no podría haber pena efectiva”, añadió.
ADRIÁN RECIBIÓ PRISIÓN PREVENTIVA
Este 4 de marzo, alrededor de las 10 de la noche, el Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar por no tener arraigo en medio de las investigaciones que se le siguen por el atropello y posterior muerte de Lizeth Marzano.
Este jueves 5 de marzo, el investigado fue retirado de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Divpiat) y llevado en un patrullero hasta la Corte Superior de Justicia para pasar por una evaluación realizada por un médico legista.
Tras la evaluación médica correspondiente, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) será el encargado de determinar a qué penal será trasladado para cumplir la medida de prisión preventiva dictada por el Poder Judicial.