La trata de personas es otra de las pandemias que aqueja al Perú desde mucho antes que empezara la del COVID-19. Solo entre enero y junio del presente año, la Policía Nacional registró 237 denuncias por trata de personas, siendo el 85% de los casos mujeres entre 18 y 29 años.
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“Para las víctimas de trata y explotación sexual no solo se trata de privación de la libertad, sino que es un proceso complejo que anula las capacidades básicas para vivir de manera digna. Algunas de sus consecuencias, sobre todo en los más jóvenes, por ejemplo, es que pierden la escuela junto a sus habilidades sociales, además de los graves daños de salud mental.”, afirmó Susana Chávez, directora de Promsex.
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Ante esta problemática, la participación del Estado se hace crucial para garantizar no solo los derechos fundamentales de la ciudadanía, sino para erradicar las economías que basan sus ingresos en este delito. Por ese motivo, el “Informe sobre la situación y contexto del delito de trata de personas y la explotación sexual”, desarrollado por Promsex, ha identificado dentro de los diferentes matices que implica cada realidad de nuestro país, los tres grandes pendientes que tiene el Gobierno en este tema tan alarmante.
El Estado no solo falla en el momento inmediato del rescate, al ser incapaz de brindar protección a las víctimas. Tampoco puede ofrecer otras posibilidades de desarrollo que la alejen de manera definitiva del círculo de la trata. Es así como las víctimas, al no encontrar mejores oportunidades, regresan a este porque lo identifican como la única manera disponible para sobrevivir.
“Cuando una mujer cae víctima de estas redes, se encuentra con muchas dificultades para salir de ellas. Si eventualmente lo logra, los impactos en su salud mental, física y social son severos. Por ello, es necesario fortalecer el eje de reintegración como línea de trabajo orientada a asegurar un entorno seguro y libre de violencia para las sobrevivientes de la trata”, finalizó Chávez.
La Policía Nacional del Perú, a través de sus unidades especializadas, logró desarticular a más de 100 organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas en lo que va del año durante el despliegue de 487 operativos ejecutados a nivel nacional.
Al respecto, el Ministerio del Interior aprobó la Política Nacional Frente a la Trata de Personas y sus Formas de Explotación al 2030, documento que marca el camino a seguir para implementar las estrategias de prevención, persecución del delito y acogida a las víctimas de este delito.
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