SE QUEDA SOLO. Este miércoles 14 de diciembre, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial decidió . Esto debido a que su nuevo abogado pidió tiempo para revisar los informes sobre el caso y exhortar a la Fiscalía sus elementos de convicción para desarrollar su defensa.

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El abogado Ronald Atencio, quien asumía la defensa de Pedro Castillo hasta horas antes de la audiencia del Poder Judicial, decidió renunciar debido a que estaría “imposibilitado” por supuestas afectaciones al debido proceso.

“Con una vacancia, resolución de levantamiento de antejuicio, requerimientos y resoluciones judiciales que convalidan graves afectaciones al debido proceso y defensa eficaz, me veo imposibilitado de mantenerme como abogado del ciudadano Pedro Castillo Terrones. El juicio histórico aclarará todo”, escribió en Twitter.

Tras esto, por lo que se requirió reprogramar la audiencia a fin de que tenga tiempo de preparar una nueva defensa.

Familiares de Pedro Castillo llegaron hasta los exteriores de la Dinoes, puesto que es este miércoles se cumplía el plazo de detención preliminar contra el expresidente. Al verse reprogramada la audiencia de prisión preventiva, el exjefe de Estado tendrá que permanecer recluido.

PEDRO CASTILLO LANZA AMENAZA EN CARTA

Luego que cumpliéndose los siete días de su detención preliminar, el expresidente volvió a escribir una carta y lanzar un mensaje amenazador que podrían incrementar las manifestaciones en el país.

Para el exmandatario, se continúan violando sus derechos, humillándolo y maltratándolo, al tenerlo detenido en la sede de la Dinoes debido al golpe de estado que intentó dar disolviendo el Congreso de la República.

“¡Basta ya! Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coactar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la Comisión Interoamericana de Derechos Humanos que interceda por mis derechos y de los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia”, se lee en la primera parte del documento.

Además, Castillo Terrones amenaza al Ministerio Público y Poder Judicial en que se puedan incrementar las protestas al interior del país si no lo dejan libre.

“Los hago responsables a los jueces y fiscales de lo que pase en el país. Millones de gracias a mis compatriotas por su cariño y apoyo. Solo el pueblo salva al pueblo”, finalizó.

ABOGADO DE CASTILLO PRESENTA OTRO HÁBEAS CORPUS

Con el fin de obtener la liberación de , su abogado Raúl Noblecilla presentó un habeas corpus en un juzgado de Huancayo, además, solicita declarar la nulidad ‘de la vacancia’ del profesor de la presidencia de la República.

A solo días que el Tercer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declare improcedente un primer habeas corpus para la liberación de Castillo, esta vez su abogado decidió presentar este recurso en Huancayo.

Según el diario Perú 21, Noblecilla presentó un expediente con 15 folios que ya se encuentra en mesa de partes de la Corte Superior de Justicia de Junín.

Trascendió que en este documento se argumenta que se han vulnerado los derechos de Castillo Terrones, a consecuencia de una ‘ilegal vacancia’. Por ello solicitan su liberación y anular la vacancia presidencial ordenada por el Congreso.

DECRETAN ESTADO DE EMERGENCIA A NIVEL NACIONAL

tras las muertes registradas durante los enfrentamientos violentos debido a la crisis política que afronta el país por el golpe de Estado de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte como presidenta.

Fue el ministro de Defensa, Luis Alberto Otárola, quien tras participar de una sesión del Consejo de Ministros, informó que se tomó esta medida luego de el reporte de manifestaciones violentas y toma de carreteras a través de bloqueos en diversas regiones del país como Ica, Arequipa, La Libertad, Puno, Tacna, Apurímac, entre otras.

En esa línea, la declaratoria del estado de emergencia se oficializará dentro de las próximas horas a través de una resolución que será publicada en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de Normas Legales del diario El Peruano.

De esta manera una vez publicada la citada norma, la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y quedan suspendidos los derechos constitucionales.

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