El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, aseguró que Pedro Castillo estaría buscando acudir a fueros internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para lograr su libertad y posterior reposición como presidente de la República, luego de que fura vacado tras el autogolpe de Estado que perpetró el pasado 7 de diciembre del 2022.
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“Advertimos el intento de este señor de acudir a la jurisdicción internacional, probablemente, para pedir dos cosas: su libertad y su reposición como presidente de la República”, señaló Otárola en una entrevista con RPP.
Para el premier, posiblemente, el exmandatario copie los parámetros empleados por el presidente colombiano Gustavo Petro para ser repuesto como alcalde de Bogotá, en abril de 2014, luego de recibir un fallo favorable por parte del organismo internacional.
“En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene trabajando activamente un grupo de abogados de extrema izquierda que han defendido improntas en otros países y han estado dando sus vueltas acá por Barbadillo”, agregó el primer ministro.
Un grupo de abogados argentinos que conformaron una autodenominada “misión de solidaridad internacional y derechos humanos” llegó al Perú encabezada por el activista argentino, kirchnerista y fundador del grupo de izquierda socialista Bloque Frente de Todos, Juan Grabois. A ellos se suman Eugenio Raúl Zaffaroni y Guido Croxatto, quienes se han sumado al equipo de abogados de Castillo Terrones en el plano internacional.
Según Alberto Otárola, la intención de este grupo de abogados sería “enervar la decisión soberana del Perú de haber conducido una sucesión constitucional y la legitimidad del Gobierno de Dina Boluarte”.
Si bien se mostró confiado en que Castillo fracasará en su intento de recurrir al organismo internacional, Otálora dijo que “sería catastrófico” si la CIDH falla a favor de Pedro Castillo. “Ojalá que no tenga posibilidad mínima de éxito”, finiquitó.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, abrió el pasado martes una investigación preliminar contra el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y contra el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, ministro de Trabajo, por el delito de colusión agravada, tras contratar a una familiar del premier.
A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio Público informó que la investigación incluye a Carola Gisella Rodríguez Bringas, como presunta cómplice de dicho delito. La indagación preliminar se extenderá por 60 días.
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Según un informe de ‘Hildebrandt en sus trece’, Rodríguez Bringas fue contratada como asesora del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con un sueldo de 15 500 soles. Por este motivo, Otárola y Adrianzén son investigados como instigador y autor del delito, respectivamente.
La investigación refiere que Luis Alfonso Adrianzén Ojeda, en su condición de ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, se habría coludido con Carola Gisella Rodríguez Bringas para la viabilizar su contratación, habiendo expedido la resolución a través de la cual la designó como asesora II del Despacho Ministerial.
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