El Poder Judicial volvió a poner contra las cuerdas a la concesionaria Rutas de Lima S.A.C.. El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac ordenó suspender el cobro de peajes en las unidades de Villa El Salvador y Punta Negra, tras declarar fundada en parte la demanda de hábeas corpus presentada por la Municipalidad de Santa María del Mar.
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La medida, firmada por el juez Mirari Trujillo Padilla, señala que la empresa deberá acatar la disposición bajo apercibimiento de sanciones económicas sucesivas en caso de incumplimiento. Según la resolución judicial, la concesionaria vulneró el derecho al libre tránsito de los ciudadanos del sur de Lima.
Rutas de Lima había anunciado disolución tras drástica caída de ingresos por peajes. (Foto: Andina)
La demanda fue presentada el 14 de marzo de 2024 y se sustenta en el concepto de “hábeas corpus restringido”, una figura legal que protege a las personas frente a obstáculos o molestias que limitan su desplazamiento, incluso si no implican privación de la libertad.
NUEVO GOLPE A LOS PEAJES DEL SUR
Con este nuevo fallo, los cobros quedarán suspendidos en Villa, Punta Negra y Conchán, dejando activos solo los peajes de Huaylas, San Pedro, Puente Arica y Quebrada Seca. En abril, el Juzgado de Lurín ya había emitido una medida similar a favor del municipio local, ordenando paralizar el cobro en el peaje de Conchán.
Aquella vez, la jueza Vilma Vidales concluyó que los cobros afectaban el libre tránsito de los vecinos de Lurín. Su resolución estableció que la suspensión debía mantenerse hasta que existieran pronunciamientos judiciales firmes sobre el origen del contrato de concesión, investigado por presuntos actos de corrupción.
El contrato en cuestión fue firmado el 9 de enero de 2013 entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y Rutas de Lima S.A.C., durante la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán. El acuerdo —por un plazo de 30 años— se encuentra bajo sospecha debido a presuntos pagos millonarios de coimas para asegurar la concesión del proyecto Vías Nuevas de Lima.
UNA EMPRESA EN CRISIS Y UN CONTRATO CUESTIONADO
La resolución judicial llega en un momento crítico para la empresa. En septiembre pasado, Rutas de Lima anunció su proceso de disolución y liquidación, alegando “presiones y hostigamientos” por parte de la Municipalidad de Lima. En un comunicado oficial, la compañía aseguró que el clima generado por las autoridades locales había vuelto “insostenible” la operación de la concesión.
La empresa, controlada por el fondo canadiense Brookfield, afirmó que la liquidación incluirá la terminación de todos sus compromisos laborales y comerciales, además de la entrega de la concesión al Estado. Sin embargo, aún no ha detallado cómo se manejará la administración de las vías durante la transición.
Peajes previstos por Brookfield en principales salidas de Lima | Mitad de sus ingresos previstos se vieron afectados por batallas legales
En paralelo, el exalcalde Rafael López Aliaga anunció que exigirá a Brookfield una indemnización superior a S/ 3 mil millones, en compensación por los daños ocasionados al Estado peruano. “Que nos devuelvan todo el dinero que se ha tirado acá partiendo de un contrato corrupto”, declaró el exburgomaestre durante una actividad pública en San Martín de Porres.
El conflicto entre la Municipalidad de Lima y Rutas de Lima parece lejos de terminar. Mientras los tribunales siguen emitiendo resoluciones que paralizan los cobros en las casetas, miles de conductores del sur celebran el alivio temporal de no tener que pagar peaje cada vez que cruzan Villa o Punta Negra.
La pregunta que queda en el aire es si este será el inicio del fin definitivo del contrato con Rutas de Lima, o si la empresa aún intentará revertir las decisiones judiciales para mantener viva una concesión que, desde su origen, está marcada por la controversia y la sombra de la corrupción.
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