El Poder Judicial dispuso la suspensión inmediata del cobro de peaje en la unidad de Conchán, ubicada en Lurín, tras declarar parcialmente fundada una demanda de habeas corpus presentada por la Municipalidad del distrito en representación de los vecinos. La medida rige desde la noche del 22 de abril.
La sentencia fue emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lurín y señala que el cobro vulneraba el derecho al libre tránsito, ya que obligaba a los ciudadanos a tomar rutas alternas inadecuadas que incrementaban significativamente su tiempo de desplazamiento.
El alcalde de Lurín, Juan Raúl Marticorena, celebró la decisión judicial. “Hoy se logra un avance importante. Se suspende, se retira y se elimina la garita de peaje”, manifestó en un video difundido en redes sociales.
La autoridad edil remarcó que esta victoria representa solo el inicio de un proceso legal más amplio, en el que se cuestiona el origen del contrato de concesión. “Este peaje fue instalado en una vía que no existía cuando se firmó la concesión. Fue producto de lo ilícito”, aseguró.
El fallo también exhorta a la empresa Rutas de Lima a reparar con urgencia el puente Conchán, ubicado a la altura del kilómetro 25.950 de la Panamericana Sur, cuya infraestructura presenta daños desde hace meses y fue cerrado temporalmente en marzo.
Según el juzgado, a pesar del mal estado del puente, la concesionaria continuó cobrando peaje, lo que agrava la situación.
La medida se mantendrá vigente hasta que la justicia penal determine si el contrato de concesión fue legal o no. La sentencia también fue notificada a la Municipalidad Metropolitana de Lima y a la empresa Brookfield, accionista mayoritaria de Rutas de Lima.
Rutas de Lima anunció que acatará la orden judicial, aunque la calificó de “arbitraria” y contraria al marco normativo. En un comunicado, la empresa afirmó que la decisión forma parte de una “campaña de hostigamiento” por parte de autoridades estatales y locales.
“El Estado peruano, incluyendo principalmente a la Municipalidad de Lima y su alcalde, viene impulsando una ofensiva que despoja a la empresa de sus activos y derechos sin respetar los contratos”, señala el documento.
La concesionaria también sostuvo que esta situación pone en riesgo la seguridad jurídica y la inversión privada, pues ya son 26 las casetas de peaje que han dejado de operar por medidas similares.
Por su parte, la Municipalidad Metropolitana de Lima expresó su respaldo al fallo y aseguró que facilitará su cumplimiento. También indicó que buscará soluciones similares para el caso del peaje de Puente Piedra.
La comuna limeña reiteró que la recuperación del puente Conchán es responsabilidad de su administración y se comprometió a atender la situación.
Con esta resolución, se pone fin a una larga disputa entre los vecinos del sur de Lima y la empresa concesionaria. Según las inspecciones realizadas por el Poder Judicial, los ciudadanos podían demorar hasta casi dos horas adicionales al evitar el peaje, lo que afectaba su calidad de vida y seguridad vial.
La medida representa un alivio para miles de usuarios que cruzan esta vía a diario, y marca un precedente en la defensa de los derechos ciudadanos frente a concesiones cuestionadas.
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