Con el fin de fortalecer la seguridad en la contratación y gestión del servicio móvil, en el marco del estado de emergencia, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) aprobó cuatro medidas extraordinarias y temporales de aplicación inmediata.
Estas se implementan por la persistencia del registro de información inconsistentes en los formatos de contratación y la acumulación atípica de líneas bajo un mismo titular, lo que dificulta la trazabilidad y genera riesgos de suplantación de identidad y activaciones masivas.
En ese contexto, las cuatro disposiciones de la Resolución n.° 000024-2026-CD/OSIPTEL, publicada en las Normas Legales Extraordinarias del Diario El Peruano, son:
• Información sobre el límite de siete líneas móviles por persona natural: las empresas operadoras informarán, a través de mensajes de texto y correos electrónicos, a los usuarios que tengan más de siete líneas móviles contratadas hasta el 14 de febrero de 2026 sobre la cantidad de servicios móviles registrados bajo su titularidad.
También deben precisar que dichos usuarios solo podrán conservar las líneas ya contratadas y no podrán adquirir adicionales.
• Procedimiento sumarísimo de baja: los usuarios que tienen servicios con datos personales, documentos inconsistentes o extraños, recibirán mensajes de texto y correos electrónicos enviados por los operadores durante dos días solicitándoles su regularización.
Si no lo hicieran, las empresas suspenderán el servicio por dos días, y, si en ese lapso tampoco toman acción, se les dará de baja, quedándose sin servicio alguno.
• Contratación de extranjeros: se exigirá verificación biométrica con Migraciones o validación con carné del Ministerio de Relaciones Exteriores.
• Candado para contratación de líneas móviles: los usuarios podrán solicitar a las empresas operadoras que bloqueen la contratación de nuevas líneas bajo su nombre, con ejecución en un plazo máximo de cinco días.
Con estas medidas, Osiptel busca fortalecer la confianza en la contratación del servicio móvil y proteger a los usuarios frente a prácticas como la suplantación de identidad o la activación irregular de líneas.
Asimismo, constituye un llamado a los ciudadanos a mantenerse informados sobre los servicios registrados a su nombre, revisar las comunicaciones enviadas por las empresas operadoras y regularizar oportunamente cualquier inconsistencia detectada.
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