La detención del exfuncionario del segundo gobierno aprista, Edwin Luyo, y la búsqueda del exviceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, por el caso no solo se dieron por confesiones de colaboradores eficaces llegadas desde Brasil, sino que la decisión del fiscal Hamilton Castro se basó también en transferencias de dinero del exterior depositadas por la constructora brasileña a empresas ‘offshore’.

Estas transferencias tenían como beneficiarios a Jorge Cuba y Edwin Luyo. Este último integró el comité que otorgó la buena pro de la Línea 1 al Consorcio Tren Eléctrico de Lima, formado por la brasileña Norberto Odebrecht y la peruana Graña y Montero.

Como parte del convenio preliminar que firmó Odebrecht con el equipo especial del Ministerio Público, la empresa reconoció que pagó 8 millones 100 mil dólares en sobornos para la ejecución del metro de Lima.

Si bien la investigación a cargo del fiscal Hamilton Castro –en coordinación con la Policía Nacional– consiguió la detención de Edwin Luyo, no logró la captura de Jorge Cuba, quien abandonó el país el pasado 24 de diciembre, apenas tres días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara el acuerdo firmado con Odebrecht en el que esta reconoció haber pagado 29 millones de dólares en coimas a funcionarios gubernamentales peruanos para asegurarse contratos de obras públicas.

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