Cuatro personas acusadas de cometer delitos ambientales en las provincias de Tocache, Mariscal Cáceres y Huallaga (región San Martín), en agravio del Estado peruano, recibieron sentencias que van desde los tres años de prisión. La medida se adoptó a solicitud de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Mariscal Cáceres-Juanjuí.
Así lo dio a conocer el Ministerio Público, mediante su portal web, donde señala que entre los sentenciados se encuentran Clanel Sucso Silvestre (37), quien recibió tres años y seis meses de prisión suspendida por el delito de minería ilegal. Él fue intervenido en el 2013 en posesión de maquinaria y materiales utilizados para la extracción ilegal de oro, en el caserío Tipishca del distrito de Nuevo Progreso, Tocache.
Otra de las personas es Reninger Cumapa Fasabi (37) sentenciado a tres años con cinco meses de prisión suspendida como autor del delito contra los bosques o formaciones boscosas, debido a que realizó la tala y destrucción de una hectárea y media de bosque secundario en una zona restringida del distrito de Huicungo, Mariscal Cáceres.
La misma sentencia recibió Denis Vargas Bautista (37) al ser hallado responsable del delito contra los bosques o formaciones boscosas al efectuar tala de producto forestal maderable de la especie cumala, sin autorización de la autoridad competente para construir su casa en el distrito de Saposoa, Huallaga.
Otro de los sentenciados fue Miguel Ríos Cometivos (52) a quien le dictaron tres años y cinco meses, por ser culpable del delito de tráfico ilegal de productos forestales maderable por trasladar en el 2018 381 pies tablares de madera de la especie cumala procedentes del caserío Ahuiwa con destino a Saposoa (Huallaga), sin contar con la documentación que acredite su autorización o procedencia lícita.
El Ministerio Público resaltó que las cuatro sentencias con orden de ejecución suspendida, fueron obtenidas en abril, mediante recurso de conclusión anticipada de juicio, a solicitud del fiscal provincial, Héctor Vera Santamaría.
Los sentenciados también deberán pagar sumas de dinero como reparación civil por el daño ambiental ocasionado y estarán sujetos a un período de prueba por el plazo de dos años con imposición de reglas de conducta.
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