El ministro de Educación, Carlos Gallardo, y la embajadora británica en el Perú, Kate Harrington, suscribieron un contrato para la construcción de 75 instituciones educativas en nueve regiones del país que beneficiará a más de 100 mil estudiantes.
El contrato de gobierno a gobierno para el servicio de Asistencia Técnica Especializada de las Escuelas Bicentenario, suscrito en el marco del Proyecto Especial de Inversión Pública (PEIP) “Escuelas Bicentenario”, permitirá la ejecución de infraestructuras educativas en las regiones de Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Ucayali, Junín, Cusco, Puno, Callao y Lima y beneficiará con una inversión de 2.800 millones de soles.
Minedu suscribe contrato gobierno a gobierno con Reino Unido que beneficiará a más de 100 mil estudiantes. Foto: Minedu
“Me alegra profundamente la suscripción de este acuerdo y me gustaría que se diera en la mayoría de nuestras escuelas. Todos los docentes extrañamos a nuestros alumnos y queremos retornar a las clases presenciales, para lo cual estamos trabajando con vigor con miras al próximo año”, señaló el titular de la cartera de Educación durante la ceremonia realizada en la I.E 0139 Gran Amauta Mariátegui del distrito de San Juan de Lurigancho.
“Si bien el factor humano es esencial, no podemos hablar de calidad educativa si no contamos con la infraestructura adecuada”, añadió.
Por su parte, Kate Harrington, embajadora británica en nuestro país, indicó que para el Reino Unido es un honor haber sido elegido para participar en el PEIP. Asimismo, recalcó que este proyecto impulsará la infraestructura social en la educación.
ESCUELAS BICENTENARIO
Las Escuelas Bicentenario serán construidas haciendo uso de la tecnología BIM (Building information Modeling o Modelado de Información en Construcción), lo que les permitirá contar con diseños modulares que serán adaptados a las condiciones climáticas y geográficas de cada región: costa, costa lluviosa, sierra, heladas y selva.
Este importante proyecto también contribuirá a dinamizar la actividad económica y garantizar la efectiva prestación de infraestructura y servicio público para la población, así como impactar en la actividad económica con las mejores prácticas y estándares internacionales.
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