El control que realiza la Contraloría General de la República ha detectado una serie de irregularidades en diez municipios de la región de Puno en el manejo de los presupuestos destinados a las familias vulnerables a las que debió auxiliarse con canastas de víveres al resultar afectados con la cuarentena por el coronavirus.
El órgano contralor ya emitió más de 15 informes a la fecha para el caso de los municipios de la región Puno, pero los que están referidos a las adquisiciones de insumos y entrega de canastas involucra a una decena de alcaldes.
Las presuntas irregularidades se detectaron en los gobiernos provinciales de El Collao, Lampa y Moho (este municipio acumuló cuatro informes). Asimismo, en las municipalidades distritales de Pilcuyo (El Collao), Nuñoa, Macarí, Santa Rosa (Melgar), Calapuja, Nicasio (Lampa) y Capachica (Puno).
Por ejemplo, en la municipalidad de Moho no se ha registrado la información de contrataciones y beneficiarios de la canasta básica familiar en el aplicativo virtual que es obligatorio en la pandemia por la COVID-19.
En tal sentido, se desliza la posibilidad de que se hayan cometido más irregularidades, puesto que el proceso carece de transparencia. En el caso de la provincia de El Collao, algunos productos tienen procedencia dudosa porque no tienen certificado de calidad, como con el arroz que se entregó a las familias de esta zona.
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